La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado una "participación preeminente del fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, "en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Es lo que consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press y EFE, en el que los agentes hacen un relato cronológico de "todas las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados".

Los investigadores se han ceñido al plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo que va desde el 8 de marzo y hasta el día 14 de ese mes.

El Tribunal Supremo (TS) mantiene bajo la condición de investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuestamente revelar datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que se imputa a un fiscal del Estado.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, se mostró en contra de que el alto tribunal investigase a su superior, el fiscal general del Estado, al entender que los hechos no son "constitutivos de delito", por lo que pidió "archivar las actuaciones".

Los investigadores, del análisis de las comunicaciones intervenidas, concluyen que "desde las 21:59h, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" con acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".

Los agentes, en concreto, inciden en que "estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse a este nivel y, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos".

Al hilo, apuntan que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".

Sobre este extremo, los investigadores sostienen que dicha nota de prensa la elaboró la Fiscalía General "con los datos que se le aporta desde la Fiscalía Provincial, canalizando las órdenes a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y recibiendo, a su vez, la información a través de la misma".

En el marco de su informe, la UCO asegura que "quién filtra la información tiene conocimiento en el momento de realizarla de que, a pesar de que la nota está siendo elaborada por la Fiscalía General, el cauce a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid".

Los agentes concluyen que "existe una o varias personas en la Fiscalía General que están apoyando al fiscal general en los cometidos relacionados con la redacción de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas con la información que se posee en este momento".

La UCO, que considera "la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada", pide al juez que le permita acceder a la información incautada en el registro del despacho de García Ortiz que tuvo lugar el pasado 30 de octubre. El instructor Ángel Hurtado ha accedido este mismo lunes a la petición de los investigadores.

El día 8, Rodríguez, a petición del fiscal general, le traslada toda la documentación de la denuncia contra González Amador, de la que existe una "primera filtración" a la prensa el día 12 en elDiario.es, "supuestamente realizada por la Fiscalía General", y que "desvela que existe una investigación" por un presunto delito fiscal.

Al respecto, el informe advierte de que, a tenor de las horas y de la información publicada por este diario, con extractos de la denuncia original e informes de Hacienda, "la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado".

Esto es así porque la noticia se publica a las 6:01 horas y el fiscal del caso, Julián Salto, envía a las 9:23 horas un correo a su abogado informándole de la denuncia ya formalizada "para facilitarle el derecho de defensa", avisando de que "hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto".

Ya el día 13, a las 21:29 horas, El Mundo publica una noticia, en base al correo del día anterior en el que el fiscal del caso informa de la denuncia a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con el titular 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso'.

Es entonces cuando "el fiscal general comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía", anteriores a la denuncia.

Los agentes dicen que el correo que la defensa de González Amador remite al fiscal Julián Salto el 2 de febrero, que reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021", junto a otros más, los reenvía Salto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y a Rodríguez, quien a su vez los remite al fiscal general a las 21:59 horas.

Dos horas después, a las 23:51, la SER publica la información sobre el correo del 2 de febrero en la que, además, se indica que "la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas".

Por todo ello, los agentes señalan que en ese lapso de tiempo "hay tan solo un reducido número de personas en los que concurren dos circunstancias": que tienen acceso a todos los correos de la investigación a González Amador y "que tienen conocimiento, no solo de que la Fiscalía está elaborando un comunicado, sino el periodo temporal aproximado en el que este se publicará".

Al respecto, avisan de que estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, "por lo que la filtración debe iniciarse en esta" y apunta a cinco fiscales.

No obstante, deja claro que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y la de requerir los diferentes correos es sostenida por el fiscal general", de quien dice que "imparte de forma directa las órdenes" para responder a la publicación de El Mundo con la "consecuente subordinación jerárquica en su cumplimiento".

Añade que la nota publicada el día 14 por la mañana la hace la Fiscalía General con los datos aportados por la Provincial y que "existe una persona o varias en la Fiscalía General" que "están apoyando" a García Ortiz en los cometidos de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas en este momento.

En este sentido, destaca que horas antes de su publicación, la fiscal de Madrid avaló la nota informativa sobre el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de González Amador. "Esta perfecta", dijo, por lo que García Ortiz le dio las gracias, a lo que ella respondió: "aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".

Poco después afeó a Lastra que haya querido "quitarse de en medio" con la nota de prensa. Y ya por la tarde, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, contactó con ella para decirle que el Colegio quería cortar relaciones con la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa. "No me gusta el panorama", advirtió después a la fiscal decana de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso.

Este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado a la UCO que analice la información incautada al fiscal general tras los "elementos" hallados en el informe pericial del material incautado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está "absolutamente inhabilitado" para seguir al frente de la Fiscalía, pues "cumple los estándares de decencia que exige Pedro Sánchez, de estar imputado e investigado", pero no es lo que necesita la democracia. 

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