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La Mesa del Congreso ha formalizado este martes la adjudicación del contrato de los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano de las intervenciones que se realicen en lenguas cooficiales. Los cuatro lotes se han adjudicado por 3,9 millones de euros al año, aunque no se espera gastar todo ese importe, porque los servicios se pagarán, de acuerdo a su uso.
Fuentes parlamentarias han informado de los cuatro lotes se han adjudicado por el precio que se licitaron (y que es superior a las ofertas económicas de las empresas), porque las tarifas se han calculado en función de su uso y según un precio unitario, como, por ejemplo 0,034 euros por palabra en el caso de los servicios de traducción.
La Cámara estima que se gastarán poco más de tres millones anuales y se ha acordado que las empresas adjudicatarias vayan presentando facturas por los servicios prestados hasta llegar al tope de la adjudicación. No obstante se ha presupuestado por encima de esas cifras para poder hacer frente a posibles imprevistos.
El precio total de adjudicación es de 3.990.315,14 euros, pero sus cálculos, siguiendo las ofertas económicas que presentaron las empresas adjudicatarias, es que estos servicios supongan un coste de 3.093.189,07 euros para 2025.
En concreto, el nuevo contrato va a entrar en vigor el 1 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción a ser prorrogado hasta dos años.
La Mesa del Congreso ya analizó las conclusiones de la Junta de Contratación de la Cámara el día 29 de octubre, en una sesión a la que el PP no acudió por la suspensión de su actividad parlamentaria a causa de la tragedia provocada por la DANA que había asolado varias localidades de la provincia de Valencia la víspera.
Los 'populares', sin embargo, han rechazado desde el principio toda la tramitación de este contrato desde la apertura del concurso para la adjudicación de los servicios de traducción de las lenguas cooficiales en el Parlamento.
El contrato debía haber arrancado el pasado 1 de julio, pero se ha ido retrasando hasta este martes. Por eso, aunque los contratos se han adjudicado por el precio máximo de las cifras iniciales contempladas en los pliegos, se ha restado el importe correspondiente a los esos seis meses de retraso.
En concreto, la empresa elegida para los servicios de traducción es Altalingua SL, a la que se ha adjudicado el contrato por 714.853,61 euros. Esta compañía presentó una oferta por un importe de 202.541,85 euros (impuestos incluidos) anuales, con un precio unitario de 0,034 euros por palabra.
La adjudicataria del lote de interpretación es la U.T.E. AIBAIM (Agrupación de Intérpretes de Barcelona, S.L. y Agrupación de Intérpretes de Madrid, S.L.), con el importe unitario de 145,20 euros (IVA incluido) por hora. En este caso la adjudicación se realiza por 2.139.885 euros.
Para encargarse de las transcripciones se ha elegido a PANGEANIC BI EUROPA, S.L., por un importe 462.835 euros, con los siguientes precios unitarios por minuto: 2,85 euros para lenguas cooficiales distintas al castellano y 1,65 euros para el castellano.
Por último, la mejor oferta para los servicios de subtitulado la ha presentado la empresa RED BEE MEDIA, S.L., con un importe unitario de 187,55 euros por hora. En este caso, también se adjudica por el importe máximo del presupuesto base de licitación: 672.740,64 euros.
El pasado 8 de octubre, la Mesa del Congreso ya adjudicó a la empresa Telesonic un contrato valorado en 1,6 millones de euros para la instalación de sistemas de conferencias y otros elementos en ocho salas de comisión para poder garantizar técnicamente la traducción y subtitulación al castellano de las intervenciones que los diputados realicen en lenguas cooficiales.
En este caso, el contrato se adjudicó por un precio inferior al máximo fijado en la licitación, que era de 2.109.009,90 euros y finalmente cerró por un importe total de 1.633.500,00 euros (1.350.000 euros, más 283.500 euros de IVA). Además, Telesonic ofreció una ampliación del plazo de garantía del suministro y de la instalación de dos años, resultando un plazo total de garantía de cinco años.
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