El PP en el Senado ha conseguido eliminar del proyecto de ley del derecho de defensa los artículos que permitían el uso de las lenguas cooficiales en los procesos judiciales independientemente del territorio en el que realicen. Los populares con mayoría en la Cámara alta, han justificado que estos artículos eran "consecuencia de la cesión del PSOE a los chantajes de sus socios independentistas".
El resto de grupos políticos se han comprometido a revertir las enmiendas a la ley cuando esta regrese al Congreso, donde al final, quedará aprobada, como era originalmente.
La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este martes el informe de ponencia del proyecto de ley orgánica del derecho de defensa presentado por el Gobierno, que busca mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Justicia.
La ponencia ha incluido varias enmiendas del PP que suprimen aspectos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales: entre ellas, elimina el artículo 10d del texto procedente del Congreso, que garantizaba que en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, se pudiera utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, y recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas.
Las enmiendas del PP también han eliminado el artículo 11 que recoge el derecho a intérprete o traductor. Los populares, a través de la senadora María José Pardo han defendido su actuación justificando que estas cuestiones ya están garantizadas en otras leyes, además de acusar al PSOE de que solo las incluyeron en la Ley para complacer a "sus independentistas".
"Estos artículos los introdujeron ustedes (el PSOE) como consecuencia de la cesión a los chantajes de sus socios independentistas", ha asegurado la senadora del PP, que ha insistido en que con la exclusión de estos artículos "no se genera ningún tipo de indefensión", ya que existen otras leyes que regulan debidamente el uso de las lenguas oficiales.
Desde el PSOE, el senador José María Oleaga ha advertido de que su grupo se reserva el derecho a revertir los cambios introducidos en el Senado, a pesar de que este grupo ha votado a favor del informe de la ponencia.
"El PP ha introducido en el informe de la ponencia una serie de enmiendas sin consultarlas ni pactarlas con nadie. Esto no me gusta y anuncio que, si bien es verdad que vamos a votar a favor del informe de la ponencia, nos reservamos la facultad de revertir esos cambios que por la puerta de atrás y de una forma torticera, ha introducido el PP", ha explicado.
El portavoz de ERC Joan Josep Queralt, por su parte, ha criticado que el PP haya modificado el texto. "Hay un ataque frontal a la línea de flotación de las lenguas cooficiales, que son lenguas maternas, privando del intérprete para aquellos que son extranjeros. No entendemos esta lenguofobia a todo lo que no sea el castellano y son unas enmiendas odiosas".
Tanto Junts como el PNV y el portavoz de Izquierda Confederal han pedido que se respete el texto procedente del Congreso, que a su juicio protegía las lenguas cooficiales.
La senadora del PP ha defendido las aportaciones de su grupo a un texto que cuando llegó inicialmente al Congreso "dejaba mucho que desear" y ha destacado que la mayoría de sus enmiendas recogen las demandas de la abogacía y mejoran el derecho a la defensa.
Se ha referido, en concreto, a la enmienda que solicita que se actualicen anualmente los baremos de los abogados del turno de oficio y a la que asegura que estos profesionales perciban una indemnización por los servicios que prestan.
También se ha incorporado una enmienda del PNV que garantiza mayor accesibilidad a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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