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La reforma de la ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos etarras beneficiarse y descontarse las penas que han cumplido en Francia, adelantando así su salida de prisión, entra hoy en vigor.
Según quedó publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor este viernes, de manera que varios terroristas podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.
Según ha calculado la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, hasta 52 etarras podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales siete podrían salir de prisión antes de que acabe el año.
Atendiendo a sus datos, actualmente son 140 presos de ETA los que permanecen en cárceles vascas y navarras en distintos regímenes, más otros cuatro en Francia.
Así, serían 48 presos etarras en cárceles del País Vasco y Navarra y los 4 en Francia los que podrán acogerse a la nueva norma, si bien para ello cada preso tendrá que, a través de su abogado, solicitar ante la sala condenatoria –en España, la Audiencia Nacional– que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.
Entre los beneficiados no estaría el exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente esta reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.
Pese a la polémica y la oposición, la reforma de la ley entra hoy en vigor. La Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) ya advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas.
A ese respecto, el PP acusó al Ejecutivo de incluir “de tapadillo” dicha enmienda y afirmó, disculpándose, que apoyó el texto por error. Un error que Alberto Núñez Feijóo calificó de “injustificable”. Mientras, desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
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