El Tribunal Supremo ordena a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general del Estado
El juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha ordenado la Guardia civil la entrada y registro en el despacho
El juez instructor del caso ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes
Una asociación de fiscales pide personarse como acusación en la causa contra el Fiscal General García Ortiz
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha ordenado la Guardia civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado, según han confirmado fuentes del caso de Europa Press. Las mismas fuentes precisan que el instructor ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
Esta misma mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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En un auto, recogido por Europa Press, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Además, Hurtado dio traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor dejó pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
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