El Pleno del Congreso debate este martes si inicia la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, con la duda de si Podemos va a votar a favor de su toma en consideración, porque de los contrario podría frustrarse una vez más.

A las tres de la tarde comenzará en el Pleno el debate de la toma en consideración del texto pactado por PSOE, Sumar, EH Bildu y al que se han sumado ERC, el PNV y BNG, en un nuevo intento de cambiar la ley vigente desde 2015 y cuya reforma ya ha fracasado en dos ocasiones.

Fuentes de Podemos han indicado que sus diputados no podían garantizar el apoyo en la toma en consideración hasta asegurar que algunas de las enmiendas que plantearían en la tramitación tendrían el apoyo de los firmantes del texto.

Acuerdo sobre cuatro artículos

La proposición de ley, registrada en la primera semana de octubre, es fruto del acuerdo sobre los cuatro artículos en los que hasta el momento no ha habido consenso: el material antidisturbios, la desobediencia y resistencia, las faltas de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.

En concreto, se plantea la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por medios menos lesivos, así como terminar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad.

Si sale adelante el texto, se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

La desobediencia o resistencia a la autoridad habrán de ser manifiestas, claras y objetivables y se considerará infracción leve la negativa a identificarse ante los agentes, según el texto que llega al Pleno.

En cuanto a las devoluciones en caliente, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

Antes del Pleno, a las doce del mediodía, representantes de dieciocho sindicatos y asociaciones policiales protestarán frente al Congreso contra la reforma, al considerar que al querer hacerlo por el trámite de urgencia, el Gobierno quiere "colar" los cambios "de manera atropellada y a cualquier precio". 

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