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El juez que investiga el denominado caso Koldo continúa este lunes con sus pesquisas con el interrogatorio de tres testigos, mientras tiene pendiente decidir si pide al Tribunal Supremo que impute al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene encima de su mesa dos informes, uno de la Guardia Civil y otro de la Fiscalía Anticorrupción, que plasman sus sospechas de que Ábalos pudo tener un papel relevante en la trama de adjudicaciones presuntamente irregulares de mascarillas y del posible cobro de comisiones en pandemia.
Anticorrución, de hecho, le ha pedido que envíe una exposición razonada al Tribunal Supremo -órgano competente para investigarle, dada su condición de diputado- al detectar indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El fiscal cree que Ábalos ocupó "un papel principal en el entramado creado" por el empresario Víctor de Aldama para "la consecución de negocios" con la Administración, que intervino en la adjudicación de contratos de mascarillas en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y también en la contratación de por parte de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, de una mujer con la que tenía una relación personal.
Sospecha asimismo que recibió contraprestaciones por su supuesta mediación en la adjudicación de dichos contratos de mascarillas, en concreto el "uso y disfrute" de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz), que pagó De Aldama, y un céntrico piso en Madrid en el que residió dicha mujer.
Mientras el juez decide si accede a la petición de Anticorrupción y pide al Supremo investigar a Ábalos, este lunes continuará con los interrogatorios de varios testigos que programó hace unas semanas a petición de una de las acusaciones populares, ejercida por la asociación Liberum.
En concreto, acudirán a la Audiencia Nacional Jorge Meana, quien fuese jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones, y también el exsecretario general de Correos Julio González.
Con sus declaraciones y la del presidente de la empresa Raminatrans, que distribuyó parte de la mercancía adquirida por Soluciones de Gestión, el juez investigará la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que adjudicaron Puertos del Estado y Adif, empresas dependientes de Transportes.
El juez trata de esclarecer la adjudicación pública de diversos contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por más de 52 millones de euros en 2020 en una causa que tiene entre sus principales investigados a Koldo García, exasesor de Ábalos, por haber intermediado presuntamente a favor de dicha mercantil a cambio de comisiones.
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