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El Gobierno de Canarias valora establecer acuerdos con países como Marruecos o Senegal para derivarles la atención de los menores migrantes no acompañados procedentes de estos países que han llegado a las islas.
Su presidente, Fernando Clavijo, ha confirmado en los últimos días que estudia esta opción como alternativa ante la saturación de sus recursos -Canarias tutela a cerca de 6.000 jóvenes- y el bloqueo político actual sobre la reforma de la ley para que las comunidades autónomas compartan esta acogida.
Para ello, se ha apoyado en el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que permite a las comunidades autónomas "establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia".
"Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos", añade ese artículo.
Según diversas expertas en derechos de la infancia y migración consultadas por EFE, aunque este instrumento está contemplado en la ley, su correcta aplicación exige un exhaustivo estudio caso por caso en función del interés superior del menor -para lo que son necesarios muchos medios técnicos y largos plazos- que habitualmente concluye que lo mejor para él es quedarse en España.
La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, explica que la Convención de los Derechos del Niño establece que, a priori, lo mejor para un niño es estar con su familia y por eso esta es la primera opción que hay que valorar cuando se atiende a un niño o adolescente que llega solo a España.
Pero para que llegue a producirse una repatriación ha de acreditarse que se trata de lo mejor para el joven, algo que no es sencillo.
Según explica la letrada Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, en estos casos la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en el caso de su retorno.
Y es un procedimiento en el que el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión; lo que, en la práctica, lo convierte en un proceso "difícil" y lento.
Otra opción es repatriar al menor y ponerlo a disposición del sistema de protección del país en cuestión, pero, de nuevo, hay que justificar que esta decisión atiende su interés superior.
Hay que hacer una valoración de si el sistema de atención del país de origen cuenta con las garantías necesarias, como centros de protección adecuados o profesionales especializados que cuiden correctamente del joven. "Lo más importante es que es caso a caso, valorando las circunstancias específicas de cada niño y cada niña, incluyendo escucharles, porque tú tienes que saber si ellos quieren volver o no", señala Perazzo.
En opinión de la coordinadora jurídica de CEAR, Elena Muñoz, conociendo la realidad de los sistemas de Marruecos y Senegal, es "difícil" que una valoración en función del interés superior del menor concluya que van a estar mejor en un centro de menores allí que en España.
Para este tipo de derivaciones serían útiles los acuerdos bilaterales con ciertos países, como ha referido Clavijo, pero siempre en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y nunca de forma generalizada.
A este respecto, las voces consultadas recuerdan el caso de las devoluciones de menores en Ceuta en 2021, que se realizaron bajo el pretexto de un acuerdo firmado con Marruecos pero, según confirmó el Tribunal Supremo en enero de este año, fueron ilegales.
En cualquier caso, recalcan las expertas, esta vía no sería una solución rápida ni aplicable de forma masiva, como reclama Canarias para aliviar la actual saturación de sus recursos.
La última memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2023, hace referencia a un solo caso de repatriación de menores, tanto para volver con la familia como al sistema de protección del país de origen. Sobre 2022 recoge dos casos y en relación a 2021, ninguno.
En los últimos días, otras voces como el PP han puesto sobre la mesa la posibilidad de involucrar a otros países de la Unión Europea en la acogida de estos menores.
El llamado acogimiento transfronterizo está recogido en la ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en el reglamento europeo 2019/1111 pero, de nuevo, se debe aplicar bajo un análisis individualizado que tenga como resultado que esa opción es la mejor para el menor.
Por ejemplo, porque tiene familia u otras personas de referencia en ese otro Estado. Un proceso que, según las fuentes consultadas, no se ejecuta en prácticamente ningún caso y tampoco se podría realizar de forma masiva.
Otra herramienta que contempla el derecho internacional es el reasentamiento en un tercer país, pero esta es una medida de atención humanitaria pensada para personas refugiadas que están en otro país en conflicto o donde no se garantizan sus derechos con el fin de que sean protegidos en un lugar seguro.
En los últimos días ha sido objeto de polémica el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni, que ha trasladado a 16 migrantes a centros construidos en Albania para gestionar allí sus solicitudes de asilo, una política vista con buenos ojos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Según Elena Muñoz, "hay muchas dudas" sobre la legalidad de este modelo, que ha sido rechazado por el Gobierno central y el presidente canario, pero no así por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico en las islas, Manuel Domínguez, del PP.
Las expertas consultadas coinciden en que modelo no se podría aplicar en ningún caso. Según García de Viedma, sería "una barbaridad" que va "en contra de todo" el marco legal que protege los derechos de la infancia. De hecho, incluso en el caso italiano, dos migrantes han sido devueltos a Italia al acreditarse que eran menores.
Para las voces consultadas, el mejor camino a seguir es la fórmula que persiguen desde hace meses el Gobierno central y el canario: establecer un mecanismo estable de acogida para los menores que llegan a un territorio como el archipiélago entre todas las comunidades autónomas.
En opinión de Catalina Perazzo, el número de jóvenes que se derivarían "no es inasumible" para el conjunto del país. "La pena es que parece que se ha vuelto una cuestión política", ha lamentado.
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