La mayoría del Consejo Fiscal ha solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que abandone el cargo al considerar que es lo mejor para el Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara por unanimidad abrir causa en su contra por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --que conforman la mayoría del Consejo Fiscal-- han pedido a García Ortiz que dimita, tal y como hicieron el mismo día que resolvió el Supremo a través de sendos comunicados.
En cambio, García Ortiz ha recibido el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas --la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite--.
Los vocales de la UPF han emitido un comunicado donde expresan su "firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión". "Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo", explican.
A su juicio, "la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda". En este sentido, indican que si "la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo". "¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?", plantean.
Arrancan contestando que, "desde luego, no son razones de índole moral" porque "el primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió".
"Había un fiscal de los que llamamos "de trinchera" en el punto de mira, y tanto la Fiscal Jefe de Madrid como el FGE lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación. Qué fácil habría sido abandonarlo a su suerte. Nuestra admiración a ambos por su iniciativa", destacan.
Señalan que "tampoco son razones de naturaleza institucional, a diferencia de lo que pretende argumentarse", y argumentan que si el fiscal general dimitiera "por una nota conforme a Derecho, y a partir de una filtración de origen completamente desconocido, sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución".
"No podemos estar a merced de cualquiera que quiera denunciarnos con el fin de apartarnos de nuestra función. En esa tesitura podemos estar todos y cada uno de los fiscales que conforman esta institución, y filtraciones interesadas --que son deleznables y deben ser investigadas-- hay a diario. No podemos permitirlo, porque se estaría conculcando con ello el Estado Derecho", aducen.
Así las cosas manifiestan su "profunda tristeza" por "la falta de cohesión interna en esta cuestión", así como su "indignación" por "el ocultamiento que todo este ruido genera de su actuación diaria", que subrayan " que no es otra que trabajar con esfuerzo desde la verdad, la justicia y la decencia moral".
"Todos y cada uno de nosotros, desde el último fiscal de la carrera --que espera ser respaldado en su ejercicio, no lo olvidemos-- hasta el fiscal general del Estado. Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto", zanjan.
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