El Supremo imputa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos del novio de Ayuso
Es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público en España
El Tribunal Supremo investigará si Álvaro García Ortiz reveló secretos personales la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
Los fiscales de Madrid investigados en la querella del novio de Ayuso dicen que García Ortiz ordenó difundir la nota
El Tribunal Supremo (TS) investigará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición del órgano de la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público, es sospechoso de revelar datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que se imputa a un fiscal del Estado.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, se mostró en contra de que el alto tribunal investigase a su superior, el fiscal general del Estado, al entender que los hechos no son "constitutivos de delito", por lo que pidió "archivar las actuaciones".
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El Supremo ha diferido del criterio de la Fiscalía al estudiar la exposición razonada que el pasado julio elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras recibir la querella que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.
González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
García Ortiz defiende que ordenó difundir una nota con datos sobre la pareja de Díaz Ayuso para "desmentir un bulo"
El TSJM consideró que la difusión de la nota no se correspondía con la "alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" --desmentir un bulo--, porque, a su juicio, "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
La Fiscalía, en cambio, defendió que "dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador".
El Ministerio Público insistió que "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa" era "desconocido" cuando se hizo pública. "Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad", alegó.
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