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Los ministros de Sumar han presentado objeciones en el Consejo de Ministros a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven aprobada este martes, entre ellas que la primera convocatoria de esta ayuda "no está funcionando", ya que la han pedido solo el 0,6 % de los jóvenes que podían solicitarla, según sus datos.
"No está funcionando como se había previsto en el propio acuerdo de gobierno", ha criticado la diputada de Sumar y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, que no obstante ha señalado que medidas como esa "pueden ser un buen complemento, siempre que se regulen los precios de la vivienda".
Sumar critica que la respuesta del Ministerio de Vivienda a la manifestación multitudinaria del domingo en Madrid por el derecho a la vivienda se base en "cheques" y no en el control de las rentas, ya que considera que si ambas políticas no van juntas la ayuda que supone el bono "solo sirve para subir más los precios e inflar los bolsillos de los especuladores".
"Los ciudadanos están pidiendo soluciones y este bono no responde a las mismas, porque ya existe y la inmensa mayoría de los que podían pedirlo no lo han hecho y porque sin limitación de precios hace que estos suban todavía más y es una transferencia directa al bolsillo de los rentistas", ha recalcado en rueda de prensa la parlamentaria de Sumar, tras confirmar que los ministros de esta formación han presentado sus objeciones en el Consejo de Ministros.
Vidal ha reclamado al PSOE medidas como incluir el alquiler de temporada y de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), prohibir la compra de vivienda con fines distintos al de residir en ella y ampliar el parque público de vivienda, y se ha mostrado convencida de que "el futuro de este gobierno y de Pedro Sánchez como presidente tiene más que ver con resolver el asunto de la vivienda que con cualquier otro asunto".
De su lado, la diputada de Compromís integrada en Sumar, Águeda Micó, ha señalado que, aunque le parecen necesarias, las ayudas no dejan de ser un "parche" que, además, pueden acabar "en las manos de las personas que no son las que lo necesitan".
En este punto, Micó considera necesario condicionar los fondos estatales de vivienda a que las comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda, así como un control de precios, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir los alquileres de temporada o prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no es para vivir.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha señalado que la medida anunciada por Sánchez "es absolutamente ineficaz" si no va acompañada de una efectiva regulación de precios. De hecho, ha incidido que lo que va a provocar son "nuevas subidas de los alquileres y para poner más dinero en los bolsillos de los caseros".
"La política es decidir para quién se gobierna y el problema es que este Gobierno ha decidido hace tiempo situarse del lado de los rentistas en esta crisis habitacional", ha aseverado Sánchez Serna, para reclamar que se prohíba la compra de vivienda que no sea de uso residencial, concretamente las compras masivas que están haciendo grandes tenedores y fondos de inversión.
Por su parte, fuentes de IU se han opuesto también a esta medida, dado que no se puede permitir que el "negocio de unos pocos siga empujando a la precariedad a la mayoría, ni continuar diseñando políticas que no atacan la raíz del problema".
En este sentido, han sostenido que el bono de alquiler joven es un "claro ejemplo" de que el dinero público puede acabar "directamente en los bolsillos privados de quienes especulan con la vivienda, sin ofrecer soluciones reales".
"Estas ayudas tienen el riesgo de convertirse en una simple transferencia de dinero público a manos privadas. Estos solo sirve para inflar aún más los precios de los alquileres, perpetuando un sistema injusto que castiga a la juventud", han zanjado desde la formación que lidera Antonio Maíllo.
Por último, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha recordado que esas ayudas al alquiler se incluyeron en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y que más que este bono sería necesario que estuvieran disponibles las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez.
Asimismo, ha reclamado que, como mínimo, se ceda a las comunidades autónomas las viviendas en propiedad de los inmuebles propiedad de la Sareb, que en Galicia son en torno a unos 3.000 inmuebles, de los cuales "alrededor de la mitad estarían prácticamente en condiciones de entrar a vivir".
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