Caso Koldo: el PP pide identificar a los receptores de una presunta entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE

El PP, que ayer registró su querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del conocido como 'caso Koldo', ha solicitado ahora que se identifique a las personas que estaban trabajando en la recepción de la sede del PSOE en Ferraz el día en que, presuntamente, –y según informaciones periodísticas a las que ya se referían ayer a través de su portavoz, Borja Sémper–, se hizo la supuesta entrega de 90.000 euros para conseguir una licencia para una empresa de hidrocarburos.

En esa querella, que no solo han presentado contra el PSOE sino también contra el empresario Víctor de Aldama y Koldo García --exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos--, entre otros, los 'populares' piden la práctica de dicha diligencia.

Concretamente, y según recoge Europa Press, la querella se basa en dos testimonios anónimos recogidos por el medio 'The Objective' en la publicación del pasado 10 de octubre, donde se hace alusión a ese presunto pago al PSOE.

Basándose en esas informaciones, para el PP "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".

Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo han solicitado al juez Pedraz quedar personados en el 'caso hidrocarburos' y ampliar las pesquisas a lo relatado en la querella.

Además, en la querella apuntan también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el 'caso Koldo' y a la existencia de "un aforado" --Ábalos-- que podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.

Desde el PP consideran que esas supuestas entregas de dinero a las que se refieren los informantes anónimos que hablaron para 'The Objective' "guardan directa relación con la obtención del título de operador en el sector de hidrocarburos de la empresa Villafuel".

Por eso, además de contra el PSOE, la querella se extiende al exasesor de Ábalos; al conseguidor de la 'trama Koldo'; Víctor de Aldama --investigado ya en la causa de Pedraz--; a Claudio Rivas --empresario conectado con Aldama y también investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5--; y a la mercantil Villafuel.

Para el los populares, el testimonio de esos dos informantes entrevistados "recoge nuevos hechos indiciariamente delictivos, conexos con el objeto de este procedimiento, que vienen a reforzar los indicios de criminalidad obrantes".

En este sentido, el PP afirma que de esos testimonios --"anónimos para evitar represalias"-- se desprende que "el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel".

"Éste le habría pedido a cambio 600.000 euros, y que esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo", cita el PP cogiendo textuales de la noticia y el vídeo que la acompañaba.

Según apuntan en su querella, además "se colige que Víctor de Aldama habría intermediado entre Claudio Rivas y el Gobierno de España a fin de que se le concediera una licencia a la mercantil Villafuel", y que por esa labor, el conseguidor "habría recibido la cantidad acordada, parcialmente en efectivo, y todo ello con la finalidad de que sus contactos en el Gobierno de España --presuntos destinatarios últimos de los pagos, como se verá a continuación-- le facilitaran la obtención de la licencia requerida".

La intermediación de Víctor de Aldama, subraya el PP, en la obtención de la licencia, obedecería "a las relaciones que le unían con altos cargos del Gobierno de España en ese momento, y, concretamente, con el querellado Koldo García".

Citando siempre a esos informantes anónimos, el Partido Popular indica en la querella que habría existido una reunión a la que asistieron Rivas, de Aldama y Koldo García en la que el conseguidor indicó que estaba "prácticamente hecho" a falta de que se pagaran 600.000 euros mediante transferencias y en efectivo.

"Unos pagos con una finalidad inequívoca, a juicio del informante, que no sería otra que sus contactos dentro del Gobierno, puedan negociar la concesión de esa operadora", asevera el PP.

A este respecto, añaden además que según la noticia en la que basan su querella, "al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del PSOE". "Así, en la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista".

Basándose siempre en el testimonio anónimo y haciendo alusión a él, en la querella el Partido Popular apunta que el informante asevera que "el pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020", y que el efectivo fue "transportado en una bolsa de plástico".

Así, ponen el foco en que "en su visita a la sede del citado partido político, no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte de Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último, y que esperaban la visita de otras personas en su representación", añaden.

Esa supuesta entrega, dice el PP, es la base para el supuesto delito de financiación de partidos dado que "se trataría de una aportación económica finalista (para obtener el título de operador) y superior al límite de 50.000 euro previsto por persona y año que establece la Ley Orgánica 8/2009, de 4 de julio".

Además de dar con la identidad de los recepcionistas, el PP quiere que se interrogue por estos extremos tanto a De Aldama, Claudio Rivas, Koldo García y Villafuel así como al representante especialmente designado del PSOE. También interesan la testifical de Juan Ignacio Díaz Bidart --exalto cargo de Industria--, y que el responsable de seguridad del Partido Socialista certifique los protocolos en vigor para el registro de visitantes, ya sean escritos o verbales, en vigor en octubre de 2020.

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