José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, alto cargo del Ministerio del Interior, ha reconocido este lunes ante el juez que instruye el denominado caso Koldo que facilitó a un subordinado el teléfono del propietario de la empresa de la trama, si bien se ha desmarcado de la adjudicación de un contrato de mascarillas por 3,4 millones de euros.

En calidad de testigo, Rodríguez ha comparecido ante el magistrado Ismael Moreno, que investiga varias adjudicaciones públicas de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y el posible cobro de comisiones en relación a dichos contratos. La declaración se produce unos días después de que la Guardia Civil entregase un informe en el que solicitaba investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos -aforado ante el Tribunal Supremo- por su "papel relevante" en el caso.

En ese documento, los agentes apuntaban a que Ábalos habría informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020 para reunirse con el entonces ministro "discretamente".

Sobre ello, precisamente, la acusación popular representada por el PP ha intentado preguntar a Rodríguez, pero el juez lo ha impedido y ha indicado que ya valoraría el informe, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El nombre de José Antonio Rodríguez apareció hace semanas en la declaración que prestó el que era subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, Daniel Belmar, que dijo que fue él quien le indicó que se pusiera en contacto con Soluciones de Gestión y le dio el teléfono de su titular, Iñigo Rotaeche.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Rodríguez ha reconocido que facilitó dicho contacto a Belmar porque, según le dijeron, se trataba de un empresario que podría tener acceso a mascarillas en esos primeros momentos de la pandemia de COVID, si bien se ha desvinculado de la contratación porque no era su competencia.

El alto cargo del Ministerio de Interior no ha sabido precisar quién le remitió el teléfono, aunque ha apuntado que podría venir del gabinete del ministro Ábalos, y ha añadido que se la dieron en una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOR), si bien ha negado que le diese ninguna indicación a Belmar para contratar a esa empresa o que él la recibiese, según las fuentes.

Junto a José Antonio Rodríguez, también han declarado como testigos dos inspectoras que participaron en el informe de auditoría que encargó el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados por entes dependientes de su departamento.

Según las fuentes citadas, ambas se han ratificado en su informe, elaborado con la información que obtuvieron de los correos corporativos de los cargos que intervinieron en las contrataciones, pero no de los privados, y con los datos que estaban a disposición del Ministerio.

A este respecto, una de ellas ha indicado que la intervención de Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, en la contratación de Soluciones de Gestión por parte de Adif no fue tan directa como la que adjudicó Puertos del Estado.

La acusación que ejerce Liberum se ha sumado a la petición que han hecho también Iustitia Europa y Hazte Oír de que se deduzca testimonio al exCEO de Air Europa, Javier Hidalgo por haber negado haber tenido relación con Koldo García.

En su declaración como testigo el pasado 12 de septiembre, Hidalgo negó "de forma reiterada cualquier reunión y/o conversación con el Sr. Koldo García", lo que desmentiría un audio intervenido por la Guardia Civil en el que éste le traslada a De Aldama que había "vuelto a hablar" con el exasesor de Ábalos.

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