La norma que permitirá a los presos etarras salir antes de prisión será aprobada este lunes en el Senado, a pesar de la polémica entre unos partidos y otros. El Gobierno insiste en que el PP sabía lo que estaba votando pero los populares lo califican de 'treta' del ejecutivo. El magistrado Joaquim Bosch trata de aclarar cómo será su aplicación.
P- Varios etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses, ¿la reforma habla de conmutación de penas o de reducciones?
R- La reforma es una armonización las resoluciones judiciales penales en toda la Unión Europea e implica que una pena que se hubiera dictado en otro país sería como si se hubiera dictado en España. Por eso, si hay un tope máximo de pena que en muchos supuestos es de 30 años, en algunos casos cuando se ha cumplido pena, por ejemplo en Francia, que es lo más habitual, ya se habría llegado a ese tope en España. Eso implicaría en la práctica una reducción de condena o excarcelación cuando se ha llegado al máximo.
P- La única vía que le quedaría al PP es el recurso al Tribunal Constitucional. Pero esto en ningún caso paralizaría las excarcelaciones y además llevaría mucho tiempo, ¿verdad?
R- Efectivamente un recurso al Constitucional lleva su tiempo y no paraliza las posibles excarcelaciones que puedan producirse y además, sobre todo es difícil que pueda haber inconstitucionalidad porque la ley se basa en una transposición marco de la UE.
P- Si se recurre al Constitucional y ese recurso prosperara, los presos en libertad ¿tendrían que volver a la cárcel?
R- La regla general es que el recurso de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la ley, salvo que lo diga el TC, algo que no es habitual, porque supondría más pena de prisión que la que dice la ley.
Si podría pasar, en el caso hipotético de que en un tiempo el TC resolviera la nulidad de esta enmienda, sería como si no existiera y eso obligaría a continuar los años de cárcel que faltan. Es decir, podría suponer la vuelta a prisión de los excarcelados.
Aunque en mi opinión desde una perspectiva jurídica es raro que aquí pueda haber inconstitucionalidad. Es más una cuestión legal. La discusión es en el Parlamento.
P- ¿Esta norma podría llevar a interpretaciones de los jueces como la del caso del sí es sí?
Si va a llevar a una interpretación judicial. La ley automáticamente no reduce condena ni produce excarcelaciones. Se tiene que solicitar en cada juzgado competente y tienen que haber valoración jurídica caso por caso para ver si se reduce la pena o si la reducción implica la excarcelación porque se ha llegado al máximo de los 30 años.
Es más difícil que pueda haber discrepancias en los tribunales que en la ley del Solo si es sí porque ahí sí que había un cambio en las horquillas de las penas, que llevaba a valorar si una ley era más beneficiosa o no para el condenado.
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