El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la "implementación inmediata" del Pacto de migración y asilo de la UE, porque ya ofrece el marco necesario para agilizar las deportaciones de migrantes irregulares en respeto de los derechos fundamentales, frente a la reivindicación de más de una docena de socios que reclaman endurecer las políticas y explorar la creación de centros de deportación en países terceros.

"Tenemos la normativa, implementémosla. Es un acuerdo del conjunto de la Unión Europea y siempre dentro de los parámetros de los Derechos Fundamentales, que es algo obvio cuando son esos valores los que estructuran la propia Unión Europea", ha dicho el ministro en declaraciones a los medios en Luxemburgo, a su llegada a una reunión de ministros de Interior.

Los 27 van a abordar en un almuerzo a puerta cerrada una discusión para explorar un endurecimiento de la política migratoria y de asilo con "soluciones innovadoras" recogidas en un documento de trabajo circulado por la presidencia de turno húngara que se basa en una comunicación previa firmada por 14 países, entre ellos Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, pero no España.

El documento para el debate plantea, por ejemplo, crear centros de deportación en países tercero distintos al de origen o tránsito de los migrantes irregulares llegados a suelo de la UE o castigar con medidas comerciales o restricciones de visado a los países de origen que no cooperen con los retornos.

Preguntado por la posición de España respecto al endurecimiento de la política de retornos, Marlaska ha evitado comentar las opciones sobre la mesa y se ha limitado a subrayar la "importancia" del Pacto de migración y asilo que se logró cerrar a principios de año tras más de seis años de negociaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por adelantar la aplicación del pacto de 2026 a 2025, pero el ministro no ha puesto fecha sino que ha insistido en la necesidad de una "implementación inmediata" de la reforma migratoria común y "seguir trabajando en la prevención y coordinación" con los países de tránsito y origen para atajar los flujos irregulares.

Del mismo modo ha advertido de que la aplicación del Pacto debe llevarse a cabo "en su integridad" porque trocearlo no sería efectivo y, por ello, ha descartado "tratamiento fragmentados" de los distintos reglamentos y directivas que conforman la reforma europea.

También en el contexto migratorio, Marlaska ha reiterado la necesidad de que la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex) cierre acuerdos con países de tránsito como Mauritania y Senegal --como los que ya existen en el ámbito bilateral-- para poder desplegar agentes en su territorio y ayudar en el control de fronteras.

En la actualidad, el bloque cuenta ya con regímenes de este tipo con varios países de los Balcanes, como Albania, Macedonia y Bosnia y Herzegobina, pero ninguno en vigor con países del continente africano. Sí hay negociaciones en marcha con Senegal y Mauritania.

Finalmente, el ministro español también se ha referido a la situación del espacio sin fronteras Schengen para expresar la "preocupación" con la que el Gobierno ve la reintroducción de controles sistemáticos en países dentro de la Unión Europea, una medida que debería ser "temporal" y de "último recurso" pero que países como Alemania o Francia aplican de manera continuada desde 2015.

Por otro lado, el ministro ha criticado la "desgraciada instrumentalización" que a su juicio hace el Partido Popular de las víctimas del terrorismo, después de que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, exhibiera la víspera fotografías de víctimas de ETA que formaron parte del PSOE para reprochar al Gobierno la enmienda que convalida penas en el extranjero a presos etarras.

"Creo que ayer quedó clara otra vez la desgraciada instrumentalización por parte del Partido Popular respecto a las víctimas del terrorismo", ha dicho Grande-Marlaska al ser preguntado por la polémica a su llegada a Luxemburgo.

En ese contexto, el ministro ha defendido que la controvertida enmienda responde a la transposición a la legislación nacional de una directiva de la Unión Europea que obliga al reconocimiento de las sentencias dictadas dentro de otros países del bloque comunitario a la hora de determinar el periodo máximo de cumplimiento de las penas.

Marlaska ha subrayado así que Bruselas había señalado que no se estaba realizando una "correcta transposición" de una normativa común sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, un elemento de la "confianza mutua" pactada entre Estados miembro que permite también que resoluciones judiciales españolas sean reconocidas del mismo modo en otros países de la UE.

Por ello, ha concluido, "con absoluto respeto y consideración a los sentimientos de las víctimas del terrorismo", de quienes ha dicho que son "referente ético", se ha procedido a la reforma.

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