¿Dice la verdad el Gobierno sobre la excarcelación de etarras cuando habla de la normativa europea?
El Gobierno se escuda en el derecho europeo para justificar la rebaja de penas a presos etarras
El texto aprobado es el mismo que aprobó el Gobierno de Rajoy, pero no incluye la disposición para evitar que los presos de ETA se beneficien
Los diputados de PP y Vox firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma que beneficia a los etarras
España está inmersa en plena batalla política por la aprobación de una reforma de ley de la que se beneficiarán 44 presos de ETA. Todo un terremoto político repleto de cruces y acusaciones. Lo cierto es que el Gobierno no ha explicado aún cuáles son los motivos que empujan a hacer este cambio legislativo, más allá de defender que se trata de una cuestión de derecho europeo.
Ni en público ni en privado el Ejecutivo ha dado una explicación de por qué se impulsa este cambio. En una rueda de prensa celebrada este martes en Moncloa, la ministra portavoz Pilar Alegría se ha limitado a enumerar el recorrido de la norma para justificarla.
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"Una directiva europea que se debe incorporar en la legislación española". Se va aprobar tal cual ha llegado al Senado. El Gobierno acusa al PP de utilizar el terrorismo con fines partidistas, nombrando a Feijóo y a Ayuso.
Justificación de la reforma por una directiva europea
La defensa del Gobierno insiste en que se debe incorporar una normativa europea, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, por la que se interesó la Audiencia Nacional ante la Justicia Europea y que no ha encontrado ni una sola traba parlamentaria porque ningún grupo se ha opuesto en ningún momento.
"En ponencia, en comisión y en pleno y en el Senado tampoco ha tenido ningún veto ni ninguna enmienda", defendía Pilar Alegría. El Ejecutivo defiende además que se trata del mismo texto, "idéntico y literal" que en su día aprobó el gobierno de Rajoy.
Sin embargo, en aquel momento se introdujo en el Senado una disposición para evitar que los presos etarras se beneficiasen, algo que fue avalado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que el actual Ejecutivo suprime y lo que genera la polémica.
Las imprecisiones en el argumentario alcanza el fondo del asunto, que el dictamen del Consejo de Estado no incluía la controvertida enmienda y sus efectos, y la normativa europea a transponer versa sobre ciudadanos extracomunitarios cumpliendo penas.
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