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El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para la reforma de la llamada ley mordaza no deja de generar reacciones. El pacto comprende excluir el uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas del orden, mientras los sindicatos apuntan a una anulación de la capacidad de respuesta de los agentes y piden incluso la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una vez más. Así lo han contado en el vídeo Alicia Alegre y Paz Serrano.
La pasada legislatura, la Policía Nacional y la Guardia Civil usaron 46 veces las pelotas de goma, material antidisturbios que se quiere suprimir por otro menos lesivo. Además, en las intervenciones policiales se usó otros materiales disuasorios como spray, gas o botes de humo.
Concretamente, a preguntas de EH Bildu, el Gobierno informó de las 22 ocasiones en las que la Policía Nacional usó estas pelotas de goma desde diciembre de 2019 –la legislatura finalizó en mayo de 2023– y las 24 ocasiones en las que recurrió a ellas la Guardia Civil.
En su respuesta, por escrito, el Ejecutivo de Pedro Sánchez precisó también el uso de "artificios fumígenos" --botes de humo--: ocho veces por parte de la Policía y 18 en el caso de la Guardia Civil. El instituto armado recurrió, además, en otras 21 ocasiones a los "artificios lacrimógenos" --gas o spray--, por nueve veces en el caso de la Policía.
En el acuerdo para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, se señala textualmente que "se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos". Además, se incluye una disposición adicional sobre el compromiso de las autoridades para "desarrollar protocolos específicos" para evitar "lesiones irreparables".
En los intentos anteriores de negociación sobre la ley, aprobada por el PP en 2015, formaciones como la propia EH Bildu, ERC y Podemos reconocieron que el 'no' del PSOE a seguir decisiones como la del Parlamento de Cataluña en el sentido de eliminar por completo las pelotas de goma suponía uno de los principales escollos para reformarla.
En ese sentido, ya en septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados acogió bajo la organización de estas formaciones políticas la presentación del informe 'Stop balas de goma', que impulsan Iridia y Novact recogiendo testimonios de varias víctimas de estos proyectiles.
En aquella ocasión los grupos expresaron sus dudas sobre el 'foam', el material usado por los Mossos d'Esquadra en Cataluña como alternativa al ser en teoría menos lesivo, algo que cuestionan las citadas organizaciones civiles y también los sindicatos policiales.
Su utilización lleva así en el punto de mira durante varios años. El uso de este material antidisturbios fue también censurado con dureza por los socios del Gobierno cuando viajaron a Melilla para evaluar el dispositivo policial de la tragedia junto a la valla fronteriza con Marruecos ocurrido el 24 de junio de 2022, y en el que fallecieron al menos 23 migrantes.
Entonces, ERC denunció la actuación de la Guardia Civil junto al perímetro fronterizo, poniendo el foco en el uso de 65 pelotas de goma, 270 salvas, 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 41 aerosoles con gas pimienta.
A ese respecto, el Ministerio del Interior defendió la actuación policial para repeler lo que calificó de "ataque muy violento".
Más allá, el uso de las pelotas de goma o de gases lacrimógenos en los dispositivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) fueron objeto de críticas de otros grupos, como Vox, pero centrándose en su caso en las "órdenes políticas" durante las manifestaciones contra la ley de amnistía que se celebraron frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
No obstante, la tesis de los socios del Gobierno se dirigen al material antidisturbios en sí mismo, más allá de en qué ocasiones se usa o bajo qué criterios. Ya en el acto de presentación del informe 'Stop balas de goma' en el Congreso, el diputado de Sumar Enrique Santiago abogó por eliminar cualquier material antidisturbios --incluido botes de humo-- si se usa para disolver manifestaciones.
Por su parte, María Carvalho Dantas, de ERC, pidió en ese acto a finales de septiembre de 2022 que la eliminación se mencionara "expresamente" en el nuevo articulado de la 'ley mordaza', "encontrando la forma de prohibirlas". El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu insistió, además, que se trata de una "línea roja" para apoyar la reforma de dicha ley.
La CUP y Junts, paralelamente, lamentaron que el "corporativismo policial y las resistencias del Ministerio del Interior" impedían eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio.
Ahora, el nuevo acuerdo persigue ponerle fin definitivamente.
En este contexto, los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han denunciado el acuerdo alcanzado con Bildu, formación a la que catalogan de “heredera de ETA”.
A través de un comunicado, JUPOL asegura que el pacto "pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad", además de calificar de preocupante que sean los "herederos de ETA los que fijen las líneas de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana y orden público".
A ese respecto, el sindicato policial apunta que están estudiando todas las medidas posibles para frenar esta reforma, y también por lo referente a modificar las multas por faltas de respeto a los agentes de la autoridad y a la desobediencia.
Esto último, según JUPOL, "supone un ataque directo al ya de por sí mermado principio de autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", motivo por el que temen un aumento de las agresiones que sufren policías y guardias civiles.
En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha reiterado que está "frontalmente" contra esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que señala que "parece redactada contra los policías más que para favorecer el buen desempeño de su función".
"No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas”, exponen.
En este sentido, recuerdan que la restricción en el uso de material antidisturbios "ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo", por lo que incidir en esta cuestión supone "un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden".
Por otro lado, también desde la Confederación Española de Policías (CEP) han reaccionado señalando que el acuerdo “supone el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia", pidiendo así la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"No puede continuar ni un minuto más al frente de ese departamento tras el anuncio del acuerdo que el PSOE, Sumar y los herederos políticos del terrorismo han alcanzado para eliminar de la actividad policial el uso de las pelotas de goma", señalan.
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