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Las tres aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios en el concierto de Muface, Asisa, DKV y Adeslas, deciden no acudir a la nueva licitación debido a las condiciones "totalmente insuficientes" que propone el Gobierno de España. Un problema que parece no tener solución a corto plazo y que afecta a 1,5 millones de personas.
El inicio de esta polémica se generó el pasado viernes cuando desde el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública se convocó a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del nuevo concierto. El Gobierno les propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años, una cifra muy alejada del 40% que pedían las compañías y que supondría, respecto a las condiciones económicas del actual concierto de Muface, que Adeslas, DKV y Asisa vayan a tener unas pérdidas de 200 millones de euros al año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface, que actualmente está negociando con las compañías aseguradoras, a la vez que ha demandado una mayor estabilidad del mutualismo administrativo.
CSIF ha expresado en un comunicado su preocupación por la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario entre el Gobierno y las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, "que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica de Muface si las condiciones del concierto no eran mejoradas".
El sindicato que preside Miguel Borra ha subrayado que el concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el arranque del año 2025. CSIF ha advertido de que la calidad de la atención sanitaria a los funcionarios "no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno", por lo que ha pedido adecuar la prima para que se pueda prestar el servicio sanitario sin los recortes del último concierto.
"CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece Muface, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, Mugeju e Isfas, respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria", ha asegurado el sindicato.El sindicato ha advertido de que no descarta emprender movilizaciones si no se responde a las necesidades de los mutualistas. "No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición", avisa.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha señalado que la oferta remunerativa del Gobierno para el próximo concierto de Muface busca "de forma deliberada" que la responsabilidad del fin del modelo "recaiga en el sector sanitario privado", ya que no aceptaría "unas condiciones exiguas para no prestar un servicio asistencial sin la calidad adecuada". Además, ASPE ha advertido que el din del modelo de Muface y la migración de 1,5 millones de funcioanrios "está firmado en los despachos del Gobierno de coalición".
En este sentido, ASPE indica que, en 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años, según recoge uno de los informes de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Alianza de la Sanidad Privada Española. Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2. Según este informe "el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria".
Precisamente, ASPE recuerda que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado muy recientemente que "este paciente mutualista no tiene una alta complejidad de cuidados crónicos". Así, ASPE cree que Padilla ha avalado la posibilidad de que el sistema público pueda asumir a partir del 1 de enero casi 1,2 millones nuevos de pacientes mutualistas beneficiarios del modelo que hoy en día (suponen el 78% de los 1,5 millones de funcionarios) reciben asistencia sanitaria en el ámbito del aseguramiento y la provisión sanitaria privada.
Para ASPE, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima "significativo" que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, "no existe posibilidad de renovación del acuerdo" y, por tanto, "desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025".
Además, ASPE defiende que "la financiación insuficiente ya existente durante los últimos años ha generado una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras han seleccionado de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales". El potencial incremento de la prima debería servir, según ASPE, para reconducir ambas situaciones.