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El Gobierno de Canarias ha publicado este jueves en su boletín oficial un protocolo que resume su postura en su pulso legal que ha abierto respecto a la tutela de los menores llegados en patera: competen inicialmente al Estado y no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
La red de menores de Canarias lleva meses desbordada por la continua llegada de pateras y cayucos a las islas y el bloqueo de la reforma legal que pretendía distribuir de forma obligatoria su acogida entre todas las comunidades, en vista de que los traslados voluntarios pactados con otras autonomías no han funcionado.
Con más de 5.300 menores africanos en sus recursos sociales, tras el incidente producido en el El Hierro (donde no quedaban ya plazas) que llevó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a anunciar que iba a tomar medidas de carácter legal para proteger los derechos de los menores y evitar riesgos jurídicos a los trabajadores de los centros de menores (tanto empleados públicos como de ONG).
En la misma línea, adelantó que, en adelante, el Gobierno canario entendería que un menor rescatado por Salvamento y entregado a la Policía en el puerto o interceptado por las fuerzas de seguridad en la costa "no está abandonado ni desamparado, sino bajo custodia del Estado", por lo que no compete directamente a la comunidad autónoma su acogida. Y exigió, además, que si después ese niño es entregado al Gobierno de Canarias para que lo tutele, "se cumplan los protocolos".
El Boletín Oficial de Canarias publica este 12 de septiembre un protocolo con el que el Gobierno de Clavijo dice expresamente que quiere poner fin al "desorden" que observa desde hace meses en la entrega de menores inmigrantes a la comunidad, lo que con frecuencia se hace solo con "un acta o listado" que no permite identificar a cada chico, poniendo así en peligro sus derechos, advierte. "La debida trazabilidad del menor está en riesgo y se posibilita la confusión de identidades entre menores, como ha ocurrido", dice ese texto, en los fundamentos que preceden a los artículos con las condiciones de entrega que Canarias exige al Estado que respete.
Este es un resumen de sus principales puntos:
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