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La ofensiva del Partido Popular contra la ley de amnistía sube un peldaño en el Tribunal Constitucional. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se adelantó el pasado jueves 5 de septiembre y presentó un recurso ante el tribunal de garantías contra la norma de perdón contra el procés. Este lunes y con el plazo a punto de expirar el miércoles, hemos conocido que Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, la Comunidad de Madrid, Cantabria, Aragón, Andalucía, Murcia y Valencia han presentado sus correspondientes recursos de inconstitucionalidad.
En Cantabria ha sido el Parlamento regional el que se ha dirigido al Tribunal Constitucional para registrar su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía porque, a su juicio, "vulnera el principio de igualdad entre los españoles".
Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que ha explicado que en el recurso se pide que se anule todo el texto de esta ley orgánica.
Una decisión, ha recordado González Revuelta, que cuenta con el apoyo "unánime" de la Cámara cántabra, a excepción del Grupo Socialista --Vox votó a favor y PRC se abstuvo de la PNL del PP--; y "democráticamente responde también al sentir de la mayoría de los ciudadanos de Cantabria".
Se trata de la segunda vez en la historia del Parlamento que éste presenta un recurso de inconstitucionalidad, lo que evidencia, según su presidenta, la "excepcionalidad" y la "trascendencia" que tiene esta decisión.
Según ha señalado González Revuelta, que confía en que el recurso sea admitido a trámite, "la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos".
Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Cantabria también ha manifestado públicamente que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
"Con este recurso que se ha presentado se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa", ha valorado.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía al entender que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce "una quiebra total del Estado de Derecho", consagrado en el artículo 1 de la Constitución, "por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político".
De acuerdo con el texto constitucional, añade el ejecutivo de Jorge Azcón, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, admitiéndose como única excepción el indulto individual.
Para el Gobierno de Aragón, la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, "en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo" y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de "desjudicializar" la situación en Cataluña.
Argumenta en su texto que se excluye la aplicación de legislación punitiva para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringida, además, a una parte del territorio español, Cataluña, y para un periodo de tiempo determinado fijado "arbitrariamente" frente al resto de los ciudadanos españoles.
El Gobierno de Aragón incide además en que el hecho de que la Constitución no contemple expresamente la amnistía "supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos".
El Gobierno de Azcón subraya que tanto la comunidad como las Cortes de Aragón están legitimadas para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa norma al afectar a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón tiene con Cataluña, además de incidir en la unidad de España.
El recurso presentado también cuestiona la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la ley por infringir los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración.
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este lunes, 9 de septiembre, en una reunión extraordinaria, la formalización de un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024.
Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado instar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a formalizar la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional ante dicho recurso de inconstitucionalidad. Se trata, en concreto, del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido Turón; y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díaz Bueso.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado dicha actuación del Gobierno andaluz durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede judicial del municipio cordobés de Lucena, y ha justificado la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad al entender que la Ley de Amnistía constituye "un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado".
Juanma Moreno ha manifestado que "la igualdad y la solidaridad son dos de los principios inspiradores de la Constitución Española, que es el marco normativo más importante que tenemos en nuestra vida legal, social y de convivencia", y ha defendido que "una democracia plena sólo puede construirse sobre la base de la igualdad, y la igualdad sólo está garantizada bajo el paraguas de la democracia".
El Gobierno y el Parlamento de Murcia han coincidido al presentar este lunes sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Entre los argumentos del Ejecutivo murciano, destaca el que señala que la ley afecta al modelo constitucional del Estado y a sus principios al pretender declarar inexistentes las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a su configuración constitucional y que han sido declaradas por los tribunales de justicia.
También que prevé la exoneración de la responsabilidad contable y la eliminación del efecto restitutorio, lo que implica un menoscabo de las finanzas públicas que indirectamente afectan al resto de España y, por tanto, a la Región de Murcia, lo que supone una infracción del derecho de la Unión Europea.
Según el recurso, la amnistía no tiene amparo en la Constitución, que prohíbe expresamente los indultos generales, y aun si se admitiera su encaje en la Carta Magna, sería inconstitucional porque vulnera los principios jurídicos de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Interpreta que el legislador no puede declarar a un grupo de personas inmunes frente al derecho y borrar para ellas retroactivamente la existencia de unos delitos, con lo que sustituiría al poder judicial y lesionaría gravemente la seguridad jurídica.
También iría contra el principio y el derecho a la igualdad, pues no cabe discriminación mayor que condenados o acusados por unos mismos delitos pueden queda o no exentos de la imposición de penas frente a otros en esa misma situación, y contra la separación de poderes.
Tampoco respeta, según los argumentos del recurso, los parámetros exigidos por el TC para reconocerle su carácter de ley singular al carecer de una justificación objetiva de su excepcionalidad o particularidad, sino que responde a la arbitrariedad del legislador.
Según el Gobierno murciano, también infringe el más elemental principio de justicia, pues las mismas fuerzas políticas en las que estaban integrados los beneficiados por la amnistía por los delitos que habían cometido, no solo no han manifestado arrepentimiento, sino que manifiestamente estén dispuestos a cometerlos de nuevo.
El último en aprobar el recurso de inconstitucionalidad ha sido el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana. El pleno del Consell ha defendido que toma esta medida "en defensa de la igualdad de los valencianos" y para rechazar "de forma frontal" esta norma, según ha expuesto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha cargado contra una ley "que han impuesto los mismos delincuentes que se van a beneficiar de ella o ya se han beneficiado".
Aunque los gobiernos autonómicos de los 'populares' no han sido los únicos que han dado este lunes el paso de acudir a la justicia. El gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, también ha presentado de manera telemática el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía.
Page ha sido uno de los 'barones' socialistas que se han mostrado desde el inicio contrarios a la norma pactada por Pedro Sánchez con los independentistas y ya en el mes de mayo anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional ante lo que considera "una agresión al concepto de igualdad".
Esta postura la ha reiterado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha insistido en que Ley de Amnistía "es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos".
La ley reunió el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. El pasado 24 de agosto la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, informó de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ya había dado luz verde al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno valenciano a la Ley de Amnistía, porque, según señaló entonces, el órgano consultivo consideraba que existen "argumentos suficientes" para que se pronuncie el TC.
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