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El proyecto de presupuestos para 2025 del Gobierno de España se van a presentar pese a no contar con los apoyos parlamentarios suficientes por las dudas en torno a Junts.
Pedro Sánchez, eso sí, descarta adelantar elecciones generales como sucedió con las cuentas de 1996 y 2019 en caso de que sean tumbados por el Congreso.
El Congreso de los Diputados rechazó y devolvió las cuentas al Gobierno en dos ocasiones, con los presupuestos de Felipe González para 1996 y de Pedro Sánchez para 2019.
En ambos casos, tras el rechazo presupuestario se celebraron elecciones generales. Las de 1996 ya estaban convocadas, mientras que Sánchez adoptó la decisión de adelantar las de 2019 tras no sacar adelante sus cuentas, algo que no parece que vaya a suceder en este momento, ya que el Gobierno cree que, si es necesario, puede seguir trabajando con una nueva prórroga de los presupuestos de 2023.
El Gobierno ha retomado la iniciativa presupuestaria esta semana con la decisión anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, de aprobar una nueva senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Así pues, esta sería la segunda senda de estabilidad presentada para el mismo periodo, ya que la primera fue rechazada en el Congreso después de que Junts sumara su negativa a las de PP y Vox tras conocer el acercamiento entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
La senda de estabilidad constituye el paso previo a los presupuestos ya que fija los objetivos de déficit y deuda y va acompañada del límite de gasto no financiero o techo de gasto, que se debate en las Cortes pero que no se vota.
Asimismo, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha advertido esta semana de que aunque la senda de estabilidad no salga adelante en el Congreso, su intención es la de presentar presupuestos, que en ese caso se basarían en los objetivos de estabilidad actualmente vigentes, más laxos con el Estado pero más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Las cuentas están previstas que lleguen al Congreso antes de octubre, según el calendario presupuestario, con el objetivo de dar margen para acabar la tramitación parlamentaria, cuya extensión suele durar tres meses, antes de que termine el año. De esta manera, el 1 de enero podrían entrar en vigor los presupuestos.
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