El juez del 'caso Begoña Gómez' ha informado que entregará a las partes el vídeo de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando las copias digitalizadas se las entregue "Madrid Digital, encargada de la gestión en la Comunidad de Madrid.
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha informado de procederá a la entrega del resto de declaraciones practicadas tanto en julio como en agosto, y entre las que se incluyen las de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés o la del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, todos ellos investigados en la causa.
El próximo lunes a partir de las 12.00 horas en la sede de su Juzgado cuando las partes puedan acceder también a los vídeos de las testificales de la exdirectora de Wakalua Leticia Lauffer; del consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés; del subdirector de la Fundación Caixa, Marc Simón; o del consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal.
Cabe recordar que fue el pasado 30 de julio cuando Peinado se desplazó hasta la Moncloa para interrogar a Sánchez. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que respalda que como cónyuge --de Begoña Gómez-- está "dispensado de la obligación de declarar".
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha explicado en declaraciones a los medios que la declaración "duró exactamente dos minutos". "Por su señoría se ha preguntado al presidente si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí", explicó.
La esposa de Sánchez, por su parte, compareció ante el magistrado el pasado 19 de julio. Se acogió entonces a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se lo recomendó al apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.
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