El Tribunal Supremo está a la espera de que se ejecute la orden de detención de Carles Puigdemont tras su reaparición a primera hora de esta mañana en las inmediaciones del Parlament y de que posteriormente se desconoza su paradero, para activar el procedimiento judicial.

Al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, no le queda otra que esperar a que los Mossos d'Esquadra detengan al expresidente para actuar. La orden de busca y captura que Llarena ha mantenido en vigor es un mandato directo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

El juez ha suspendido incluso sus vacaciones y está en el Supremo a la espera de noticias. Fuentes del organismo señalan que no hay otra alternativa que esperar a que los Mossos cumplan con esa orden, ya que tienen la obligación de detenerle y ponerle a disposición judicial. 

Y es que sobre Puigdemont pesa una orden de detención dictada por el Supremo que ha rechazado aplicarle la amnistía. El juez Pablo Llarena mantiene el delito de malversación agravada y por eso su intención es detenerle.

Llegado el caso, podría después dejarle en libertad con medidas cautelares, como por ejemplo comparecer a diario en los juzgados, o enviarle a privisón preventiva, alegando reiteración delictiva y/o riesgo de fuga, tras siete años huido de la justicia. 

Además, Puigdemont tiene pendiente el caso Volhov, la presunta trama rusa del procés, que investiga el presunto desvío de fondos públicos mendiante concesiones de subvenciones irregulares par aorganizar actos en favor del independentismo, así como las supuestas maniobras del entorno de Puigdemont para logar el apoyo de Rusia.  El juez que lleva la causa, Joaquín Aguirre, también ha rechazado amnistiar a los investigados, delegando el caso al Tribunal Supremo.

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