La proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros no acompañados está abocada al fracaso si el PP no permite este martes que se empiece a tramitar, para lo cual exige que el PSOE acepte alguna de sus exigencias en política migratoria.

En la víspera de la votación clave sobre la toma en consideración de esa proposición de ley, todos los ojos apuntan al PP, que se declara "muy lejos" de permitir el inicio de su trámite parlamentario -para lo que bastaría con su abstención-, pero no cierra la puerta del todo.

A lo largo de esta mañana, varios presidentes y líderes autonómicos del PP han manifestado que creen que todavía hay margen para que su partido pueda al menos no rechazar mañana la toma en consideración si el Gobierno hace algún gesto, sobre todo en forma de financiación para la acogida de menores migrantes.

Su posición es clave ante el 'no' inamovible de Junts y de Vox, y el PSOE está dispuesto a forzar la votación para que todos los grupos parlamentarios "se retraten" en materia de inmigración tras el reciente acuerdo puntual para la distribución de alrededor de 400 menores.

En términos prácticos, se trata de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer una acogida solidaria y obligatoria entre las comunidades y aliviar zonas de llegada como Canarias, Ceuta o Melilla cuando la ocupación de sus recursos sobrepase el 150 % de su capacidad.

Pero la dimensión política es mayor, toda vez que el pacto del Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto puntual de 400 migrantes alcanzado hace diez días motivó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

En esa situación, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido claro: o hay "cesiones" del PSOE a sus "exigencias" en política migratoria o la ley ni siquiera será tomada en consideración. "Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", ha proclamado el dirigente del PP.

Los populares reclaman, entre otras cuestiones, el reconocimiento de una emergencia migratoria nacional, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Precisamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado este lunes la prórroga de la declaración de emergencia en Canarias hasta el 30 de septiembre.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al PP, su socio en el gobierno autonómico, que se abstenga para permitir el inicio de la tramitación de la norma y luego presente enmiendas. En cualquier caso, el dirigente canario sigue luchando por que esta ley se apruebe por la vía del real decreto, lo cual aceleraría su puesta en marcha, aunque posteriormente tendría que ser convalidado en el Congreso.

En la Sectorial de Inmigración celebrada este lunes, las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado muy críticas con la gestión migratoria del Gobierno y se han hecho eco de las reivindicaciones ya expresadas en los últimos días por la dirección del partido, como crear un plan de política migratoria, que se convoque una Conferencia de Presidentes y más financiación.

En sendas declaraciones a los medios tras la reunión, que en principio no estaba convocada para tratar este asunto pero que ha acabado tratándolo, la Comunidad de Madrid ha asegurado que sus centros están ocupados al 200 % y Andalucía, que tiene a 500 menores migrantes acogidos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado optimista respecto al debate de mañana tras la reunión con las autonomías.

Al ser preguntada hasta en dos ocasiones sobre si el Gobierno contempla activar la fórmula del real decreto como pide Canarias ante el previsible fracaso de mañana, ha dicho mantener la esperanza de que la tramitación de esta reforma, que afecta a "una cuestión tan sensible e importante", pueda ver la luz este martes.

Y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha liderado la creación de esta iniciativa junto al presidente de Canarias, ha advertido que si el PP vota en contra de admitir a trámite la propuesta, estará votando en contra de su propio Gobierno en Canarias, donde tienen un pacto con CC.

Además, ha tachado de "absolutamente incongruente" por parte del PP votar en contra de la tramitación si su intención era añadir enmiendas y hacer propuestas. 

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