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Decepción entre los socios del Gobierno con el plan de regeneración democrática. Socios parlamentarios como PNV, Bildu, Podemos y BNG han expresado sus dudas con la medida al inicio de la ronda de contactos con el Gobierno, y han pedido incorporar más medidas, por ejemplo en el ámbito de la justicia.
Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun han iniciado la ronda de contactos con todos los grupos, a excepción de Vox, este lunes y continuará mañana martes. En concreto, este lunes ambos ministros han charlado para recabar ideas para el plan con representantes de PNV, EH Bildu, Podemos y BNG, que coinciden en valorar la disposición del Gobierno, aunque en general ven insuficiente las medidas ya anunciadas, la mayoría de ellas centradas en los medios de comunicación.
Una de las más críticas ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha declarado a los medios estar "muy decepcionada" con la reunión.
"Nos parece impensable que se pueda pensar en medidas de regeneración democrática si se acaba pactando (el Consejo del Poder Judicial con el PP), si se acaba lavándole la cara al Partido Popular, que nos ha espiado ilegalmente y que está acosando judicialmente al presidente y a la familia del presidente", ha dicho en referencia a Pedro Sánchez.
Al respecto, ha señalado que la medida fundamental para avanzar en regeneración democrática consiste en romper el acuerdo con el PP para el Consejo General del Poder Judicial, aunque también ha pedido la derogación de la conocida como ley mordaza y una ley de medios "ambiciosa" que impida desprestigiar mediáticamente a determinadas personas a través del "golpismo judicial".
También ha expresado su malestar el diputado del BNG, Néstor Rego, que considera que "no es justificable y es decepcionante" que el PSOE haya ratificado en el encuentro que va a mantener el pacto alcanzado con el PP para reformar el Consejo del Poder Judicial, aunque ha celebrado que algunas de sus sugerencias al plan de regeneración hayan sido recibidas de forma positiva.
"La reunión ha tenido algo de sol y algo de sombra, una de cal y otra de arena", ha resumido Rego, que ha reclamado también la derogación de la ley mordaza y la de secretos oficiales.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha sido más positiva al comentar que las medidas planteadas por su grupo han tenido una "buena receptividad" por parte del Gobierno, aunque no ha querido concretar dónde ha habido sintonía en este sentido.
Aizpurua ha avisado de que un pacto entre el PSOE y el PP no permite avanzar en regeneración democrática y ha incidido en la necesidad de abordar este asunto con una "visión amplia y conjunta sobre todos los ámbitos de la vida política".
En este sentido, ha pedido incluir en el plan de regeneración cuestiones como el "lawfare", la derogación de la ley mordaza, la reforma de la ley de secretos oficiales y cambios en el Código Penal sobre los delitos de injurias.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no ha comparecido ante los medios tras la reunión, pero fuentes de su grupo han señalado que tendrán una actitud constructiva para concretar medidas, al tiempo que han insistido en la necesidad de incluir en el plan de regeneración la reforma de la ley de secretos oficiales impulsada por los nacionalistas vascos.
Además, estas fuentes han advertido de que un listado de iniciativas a cargo de todos los grupos "solo contribuiría a una cacofonía que no conduciría a ninguna regeneración".
Bolaños y Urtasun tienen previsto finalizar el martes la ronda de contactos en el Congreso con representantes de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, e intercambiar documentos con los partidos a lo largo del mes de agosto para al inicio del nuevo curso político poder concretar el plan.
Sánchez presentó el pasado miércoles en sede parlamentaria las líneas generales del denominado Plan de Acción por la Democracia, centrado en los medios de comunicación y con el que pretende una mayor transparencia.
Un plan que él mismo prometió presentar tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno ante la campaña de acoso que considera que existía contra él y su familia, después de la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.
Sánchez dejó claro el miércoles que la intención del Gobierno es concretar el plan con los diferentes grupos políticos en el Congreso, pero también con los representantes de los medios de comunicación, con algunos de los cuales ya ha habido conversaciones por parte del Ejecutivo.
Los ministros Bolaños y Urtasun son los dos representantes del Gobierno de coalición encargados de la interlocución con el resto de formaciones con representación en el Congreso, que no han recibido con buenos ojos el plan.
El PP, al igual que Vox, lo critica al considerarlo una forma de controlar a los medios ante los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez, y los socios parlamentarios del Gobierno ven las medidas propuestas como un "maquillaje" que llega tarde.
El plan presentado por el jefe del Ejecutivo pretende desarrollar el Reglamento Europeo de libertad de medios aprobado por la Eurocámara, con el objetivo de fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios privados.
El Gobierno prevé un paquete de cien millones de euros para ayudas a la digitalización de los medios y cambios en las leyes del derecho al honor y a la rectificación, así como una reforma de la ley mordaza en materia de libertad de expresión.
Sánchez también planteó la reforma de la Ley Electoral para hacer obligatorios los debates en las campañas y para que todas las encuestas publicadas incorporen todos los datos de su realización y la metodología de estimación de resultados.
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