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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez ha seguido la recomendación de su abogado, que considera que no se dan las garantías.
Según confirman fuentes jurídicas, la mujer del líder del Ejecutivo, al arranque de su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, ha indicado que no declararía este viernes, cuando estaba citada por segunda vez ante el magistrado dado que la primera vez tuvo que suspenderse la declaración.
El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de la esposa del presidente, ha asegurado que Begoña Gómez no ha declarado porque considera que no se dan las garantías. "Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Camacho ha insistido en que ve necesario que el juez instructor limite la investigación que sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez ha dictado que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno”, ha afirmado la defensa que ha señalado que solo unos contratos tenían los indicios sufientes para iniciar una investigación según la Audiencia Provincial, que fueron remitidos ya a la Fiscalía Europea.
"Más allá de esos contratos no hay indicio de nada", ha afirmado Camacho, que ha recordado también que un juez de instrucción debe delimitar cual es el objeto de la instrucción y este no lo ha hecho. “Este procedimiento se ha quedado sin contenido”. Desde la defensa “no entendemos” el procedimiento del juzgado de instrucción. Posteriormente, tras la cita judicial, se ha conocido que Gómez intentó entregar las memorias económicas de su cátedra, pero la UCM se negó a examinarlas.
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