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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una "patologización" de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
Al admitir a trámite su recurso este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo estima que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
El TC ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo recurriese el inciso que establece como "requisito necesario" para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores "reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil" y si existe comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe médico favorable.
Como el Defensor, también el Gobierno cree que este precepto supone una "patologización de los menores" y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional.
Al anunciar el recurso, la titular de Igualdad, Ana Redondo, consideró también "claramente discriminatorio" que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres".
Una cita que para la ministra da a entender que las mujeres trans ponen "en peligro los derechos del resto de mujeres".
El TC también estudiará esa parte de la norma y analizará si, como dice el Gobierno, ambas leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
El Ejecutivo cree que las mencionadas leyes, aprobadas en 2023, modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI.
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