La reforma para reubicar a los menores migrantes no acompañados llega al Congreso

La reforma de la ley de extranjería para garantizar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas llega al Congreso con el registro este lunes de la proposición de ley del PSOE, Sumar y Coalición Canaria, impulsada por el Gobierno central y el canario.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistirán al registro de la proposición de ley que presentarán los portavoces del PSOE, Patxi López; de Sumar, Íñigo Errejón; y de CC, Cristina Valido.

La propuesta para establecer una distribución vinculante de menores no acompañados desde zonas con los recursos saturados pretende modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de comunidades cuando una zona supere el 150 % de su capacidad de acogida.

Con el texto aprobado por el Gobierno central y el canario se pretende dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago que, según Sira Rego, están en una situación "muy complicada" y "muy tensionada".

La iniciativa legislativa no cuenta de momento con el necesario respaldo del grupo parlamentario popular que ha exigido al Gobierno un plan integral de política migratoria y ha advertido de que no aceptará “trágalas ni parches” en una cuestión de Estado como es esta, en referencia a la proposición de ley.

El PP propone declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, un compromiso financiero por parte del Ejecutivo y que el reparto de menores sea para todas las comunidades “sin excepción”. También exige políticas de cooperación con los países de origen, ha informado este domingo en un comunicado.

Este sábado la ministra de Infancia hizo un llamamiento a este partido para que de un paso y se ponga al lado de los derechos de la infancia apoyando la proposición de ley.

"Si queremos hacer las cosas bien, proteger los derechos de la infancia y hacerlo de una manera sostenible en términos de servicios públicos y de acogida hay que dar este paso", advirtió Rego.

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