{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El ‘caso Begoña Gómez’ arrancaba el 2 de abril con la publicación de las primeras informaciones sobre sus actividades. A partir de ahí se abrió un proceso judicial que llevó al juez encargado de la causa, Juan Carlos Peinado, a investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a convocarla al juzgado, al que ha acudido hoy en la Plaza Castilla de Madrid, aunque finalmente se ha suspendido y será el 19 de julio cuando vuelva, en una nueva citación.
En este tiempo, las decisiones del magistrado se han visto rodeadas de una enorme polémica política que ha derivado, entre otras cosas, en la intención de Pedro Sanchez de cambiar la legislación sobre los medios de comunicación.
En las publicaciones de aquel 2 de abril, desde El Confidencial se señalaba que ‘Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de 7 millones de euros’, y pronto comenzarían las primeras acusaciones de la oposición: “Por los casos que ya tocan y afectan a la mitad del Gobierno, a la mitad del PSOE y veremos a qué parte de la Moncloa”, señalaba Albeto Núñez Feijóo entonces.
A esas acusaciones le siguió la defensa ante posibles implicaciones judiciales: “Será en todo caso una denuncia falsa”, señalaba entonces Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno.
No obstante, dichas denuncias se materializarían el 16 de abril, cuando el juez Peinado aceptó a trámite la querella de Manos Limpias para abrir diligencias unos días más tarde, el 23.
Al día siguiente, Pedro Sánchez, muy serio, sentenciaba: “A pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país”.
“Una denuncia falsa más”, apostillaba Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la misma línea que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
Tras todo lo acontecido, Pedro Sánchez anunciaría ese 24 de abril que se iba a tomar un tiempo, –“cinco días de reflexión”–, para pensar si le merecía la pena seguir siendo presidente, algo que finalmente terminó con una respuesta afirmativa.
El 29 de ese mismo mes, cinco días después, el líder socialista comunicaba: “He decidido seguir”.
Con esa decisión llegaron más explicaciones: “No podemos seguir con esta maquinaria del fango”, manifestó, y el ‘fango’ se quedó con el protagonismo mientras Pedro Sánchez continuó durante esos días insistiendo en la defensa de su mujer. “Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable”, reiteraba.
Mientras, Feijóo continuaba con sus preguntas: “¿Su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no?, cuestionaba el 22 de mayo en un nuevo cruce de acusaciones. Y sí la tenía, como se conocería al hacerse público el 27 de mayo cuando el juez levantó el secreto de sumario.
Pese a los recursos, la Audiencia Nacional dio vida libre al magistrado para continuar con su investigación, aunque más acotada y centrada en las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez.
“La Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias”, denunciaba Bolaños.
Tras ello, el 5 de junio la propia esposa del presidente del Gobierno decidía reaparecer en plena campaña europea.
Para entonces, sus implicaciones judiciales se volvieron temas recurrentes, entrando de lleno en la campaña por los comicios que se celebraron el 9J.
Justo después de acudir a las urnas, el 10 de junio fue cuando la Fiscalía Europea se quedaría con la parte central de la investigación.
Ahora, pese a las quejas de la defensa, el juez Peinado continúa con la causa, y sigue adelante con la citación de la esposa del presidente, que tendrá que volver a los juzgados de Plaza Castilla el 19 de julio.
Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.