Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está citada a declarar este viernes 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez ha mantenido en pie la citación de Begoña Gómez a pesar de los varios intentos de su defensa de suspender este interrogatorio hasta conocer los hechos que se queda el instructor tras la avocación de la Fiscalía Europea.

Para comprender el caso de Begoña Gómez, por qué está siendo investigada y por qué tiene que declarar, es importante repasar todas las claves que han ocurrido durante los últimos meses:

La declaración como investigada de Gómez tiene lugar casi dos meses después de que el juez instructor abriera diligencias de investigación al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias en su contra. El sindicato le acusa de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno.

"Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", denunciaba Manos Limpias, que apoyó su escrito en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. Algunas de esas noticias ya se han demostrado que son falsas.

La polémica por esta denuncia surge en que está basada en informaciones publicadas en diarios digitales, según confirmaba el propio secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que argumentaba que en caso de que las noticias no sean ciertas "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad".

Bernad explica en el comunicado que su sindicato tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales "de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa" de Sánchez, y que tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, decidió "poner en conocimiento del juzgado competente dichas informaciones mediante la oportuna denuncia".

La causa contra Begoña Gómez por la denuncia de Manos Limpias tiene varias ramas: una afecta al uso de fondos europeos en contratos públicos adjudicados por Red.es a Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez.

La otra, a un supuesto vínculo de la esposa del presidente con el rescate a Globalia, que la Audiencia Provincial ve como una “simple conjetura” de hechos “inverosímiles”, por lo que pidió al juez centrar la investigación en las adjudicaciones al empresario.

Juan Carlos Peinado aceptó la petición de la Fiscalía Europea y decidió inhibirse en su favor en la investigación de parte de la investigación contra Gómez. En una resolución fechada el día 7 de junio, el juez aceptó la avocación realizada por la Fiscalía Europea exclusivamente respecto de los hechos y delitos “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley”.

La Fiscalía Europea solicitó hacerse cargo de esa parte de la instrucción porque entiende que tras analizar los hechos tiene la competencia al estar en juego fondos europeos.

Tras esa decisión de la Fiscalía Europea, la defensa de Gómez le pidió que aclarase “cuáles son los hechos” que continuaba investigando, al entender que los contratos cedidos a la Fiscalía Europea eran los que, según la Audiencia de Madrid, el juez debía limitarse a investigar.

Respecto a los otros dos bloques que denunciaba el colectivo ultraderechista Manos Limpias, este tribunal consideró que uno era “inverosímil o con datos erróneos” y otro, el referido al rescate del Gobierno a Globalia, era una “simple conjetura”.

En su providencia, el juez Peinado cree que la interpretación del abogado de Gómez es “subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad”, dado que en el auto de la Audiencia de Madrid, dice, “no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que, se haga referencia a esos contratos, como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo”.

La defensa de Begoña Gómez ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de realizar una investigación "prospectiva" y le recuerda que el Tribunal Supremo ya advirtió en sentencias de hace 24 años de que en el derecho penal moderno se ha desterrado la "inquisición general".

Su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, ha explicado que ha pedido "de forma reiterada" y sin éxito al instructor que aclarara cuáles eran los hechos concretos por los que se sigue la causa en ese Juzgado.

"Desafortunadamente tampoco es inhabitual que algunos procedimientos penales comiencen como una auténtica investigación prospectiva contra el investigado", subraya, para explicar que con la excusa de investigar un hecho delictivo "se busca inspeccionar en la vida del investigado".

En este sentido, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre causas generales y explica que "someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derechos". Indica que el alto tribunal apunta que "el sistema de inquisición general está desterrado del moderno y civilizado derecho penal".

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