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El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin a un bloqueo sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces: más de cinco años y medio con el mandato caducado y más de tres años sin poder hacer nombramientos de altos cargos en la judicatura.
Su actual composición, con un bloque conservador mayoritario, sigue reflejando la distribución de fuerzas del Parlamento que lo eligió hace más de una década.
Hasta hoy, todos los intentos de cerrar un acuerdo entre los dos principales partidos -cuyo pacto es necesario porque la ley exige que los vocales sean apoyados por tres quintos del Parlamento- acabaron en fracaso al plantarse el PP, primero encabezado por Pablo Casado y después por Alberto Núñez Feijóo.
El 4 de diciembre de 2018 se debió renovarse la composición del Consejo, tal y como habían pactado el PSOE y el PP. Hasta habían comenzado las comparecencias de candidatos en el Congreso.
Pero el célebre mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal, dinamitó el acuerdo.
Marchena declinó el cargo reivindicando su independencia y los populares comenzaron a exigir una reforma del sistema de elección de los veinte vocales que confirman el CGPJ, para que los doce de extracción judicial fueran designados por los propios jueces.
Ante el persistente bloqueo, el PSOE y Unidas Podemos presentaron en la pasada legislatura una iniciativa que rebajaba las mayorías exigidas para elegir a los vocales, lo que les habría permitido prescindir del apoyo del PP, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó congelada la reforma ante la preocupación que generó en Bruselas.
En 2021 Sánchez y Casado volvieron a activar el diálogo entre las dos principales fuerzas y se estuvo cerca del acuerdo, pero todo quedó en agua de borrajas al vetar los populares a los dos vocales que proponía Podemos: la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell; y el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó el caso Gürtel.
Fue entonces cuando el PSOE y Unidas Podemos impulsaron la reforma que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Son ya 94 los puestos vacantes, 25 de ellos magistrados en el Supremo.
En 2022, con Feijóo ya al frente del PP, se retomó el diálogo e incluso hubo momentos en los que fuentes de ambos bandos hablaban de un acuerdo próximo; pero los populares fueron poniendo frenos en las negociaciones ante las sucesivas reformas impulsadas por el Gobierno para acabar con la sedición o tramitar la ley de amnistía.
El último proceso de negociación ha contado con la mediación de la Comisión Europea, a la que han apelado tanto el PP como el PSOE para defender sus respectivas posiciones.
Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa recomiendan que la mayoría de los vocales sean elegidos por los propios jueces para blindar la independencia del CGPJ y los populares, hasta ahora, han planteado esa reforma como requisito imprescindible para negociar la renovación.
Pero ante un bloqueo sin fin, Bruselas dejó claras sus preferencias: primero renovar el Consejo y después, de forma inmediata, abordar la reforma del sistema de elección de los vocales.
El acuerdo anunciado este martes por PSOE y PP contempla ambos compromisos, la renovación y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un nuevo modelo de elección de vocales que será consensuado por los miembros del nuevo CGPJ.
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