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El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años caducado, incluye un reparto "equilibrado" de los 20 vocales del Consejo y "mayoría reforzada" de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos.
Este martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, han sellado en Bruselas este acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
En concreto, ambos han acordado proceder a la inmediata renovación del CGPJ, así como presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como "recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". También han pactado nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
El PP ha señalado que "siempre defendió que solo podía haber acuerdo si el acuerdo mejoraba el sistema y restaba control político al CGPJ". "Lo hemos conseguido", han señalado fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.
En virtud del acuerdo, PP y PSOE acuerdan "la renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial". "Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio", han precisado fuentes del PP.
Además, el acuerdo "garantiza una composición absolutamente equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda", han añadido las mismas fuentes.
El PP ha indicado que la proposición de ley encarga "a los nuevos integrantes del Consejo la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho en los países miembros".
Además, ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de "participación directa" y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ, ha señalado el Partido Popular.
Asimismo, "ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras", ya que, "todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada" (tres quintos). También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales, han precisado desde el PP.
En virtud del pacto, el Gobierno "no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos".
El PP ha indicado que los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al plan de calidad institucional que presentó Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023. "Estarán incorporados a la nueva ley pero serán de obligado cumplimiento ya para la presente renovación de integrantes del Consejo", han agregado los 'populares'.
Asimismo, el acuerdo "implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado". "Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos 'Dolores Delgado'", han resaltado los 'populares'. Finalmente, PP y PSOE acuerdan también "cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ", han indicado las mismas fuentes.
Los nuevos vocales tendrán un plazo de seis meses para diseñar una reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces tras estudiar los distintos modelos europeos. La proposición de ley, según han informado fuentes de ambos partidos, reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y tendrá como objetivo reforzar "la independencia e integridad" del sistema judicial, según el texto acordado.
En una disposición adicional, esa ley dará un plazo de seis meses a los nuevos vocales para estudiar cómo eligen otros países europeos a los miembros de órganos análogos y plantear una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.
Para el PP era requisito imprescindible reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ y abogaba por que los jueces eligieran a la mayoría de los vocales, mientras que el PSOE defendía el actual sistema de elección parlamentaria. La nueva fórmula quedará en manos de los nuevos vocales.
La propuesta, según el texto pactado, deberá garantizar la independencia del CGPJ y, "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine", poder ser "evaluada positivamente" por la Comisión Europea.
Serán el Gobierno o los grupos parlamentarios los encargados de elaborar una reformar legal en base a esa propuesta para someterla después a la aprobación de las Cortes.
La proposición de ley pactada va más allá y establece nuevos requisitos para elegir a los altos cargos de la judicatura y blindar la independencia judicial.
Incrementa a veinte años el tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo; y quien se presente como candidato a unas elecciones o sea elegido cargo político quedará en situación de excedencia voluntaria y no podrán regresar al servicio activo hasta dos años después del cese, aunque cobrarán su salario.
Los altos cargos políticos no podrán ser designados vocales del CPGJ hasta pasados cinco años y quienes aspiran a entrar en el órgano de gobierno de los jueces deberán presentar al Parlamento una memoria de méritos y objetivos.
En el seno del CGPJ se creará una comisión de cinco vocales que informará todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno, que deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría de tres quintos.
La principal reforma pactada en torno a la Fiscalía busca evitar que se repitan nombramientos como el de Dolores Delgado, que pasó directamente del Ministerio de Justicia a ejercer como fiscal general del Estado.
No podrá ser nombrado para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.
La proposición pactada plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando "a futuro" 200 plazas cada año durante cinco años para atender al incremento de la litigiosidad y reducir la saturación de los juzgados.
No se prevén cambios en el actual sistema de acceso a ambas carreras, a través de oposiciones.
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