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La Junta de Fiscales ha avalado este martes el criterio del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados del 'procés', incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Esta será la postura definitiva que el Ministerio Público trasladará este miércoles al Supremo, que ahora deberá decidir si aplica o no la amnistía a los condenados y procesados. El escrito con esa postura de la Fiscalía no lo firmarán los cuatro fiscales del alto tribunal que participaron en el juicio a los líderes independentistas, ya que se han apartado de la causa tras defender que no se perdone la malversación ni se levanten las órdenes de detención nacionales.
Serán la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covis, los encargados de firmarlos, informan fuentes fiscales.
Tras más de cinco horas de reunión, la Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general compuesto por 38 fiscales más García Ortiz, ha respaldado con 19 votos a favor y 17 en contra la tesis del fiscal general de perdonar todos los delitos, frente a la posición de los cuatro fiscales del Supremo, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Ha habido una abstención.
Según ha informado la Fiscalía, la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa serán los encargados de presentar el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de 11 de junio de 2024.
La cúpula del Ministerio Público se ha decantado finalmente por la postura de García Ortiz frente a la de los fiscales encargados de la causa del 'procés' en el Supremo, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados por el proceso independentista catalán al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que --según la propia ley-- excluye dichas conductas de ser amnistiadas.
La mayoría de la Junta de Fiscales ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.
Así las cosas, la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del 'procés' Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo.
La cúpula del Ministerio Público ha estudiado la postura de García Ortiz y la de los fiscales del 'procés' después de que estos cuatro avisaran en su informe de que si el jefe de la Fiscalía estaba a favor de aplicar la amnistía debía plasmarlo por escrito y convocar a la cúpula fiscal para debatirlo.
El fiscal general así lo hizo. Emitió un informe en el que defendió que los argumentos ofrecidos por los cuatro fiscales eran "insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación". Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedir que el asunto se abordara en la Junta de Fiscales que finalmente se ha convocado para este martes.
Cabe recordar que la Junta de Fiscales está compuesta por 37 fiscales más el fiscal general. Este martes han acudido presencialmente al encuentro 34 de ellos porque dos fiscales --Beatriz Sánchez y Teresa Gisbert-- han comparecido por vía telemática y dos han excusado su presencia por "razones médicas".
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