Pedro Sánchez ha dejado claro durante la visita de Erdogan a España su posición respecto a la polémica generada por su ultimátum al PP para reformar el CGPJ. Ante las críticas de la oposición, el presidente del CGPJ y gran parte de la judicatura, el presidente ha garantizado que la reforma - de la que no ha querido dar detalles- que se hará si no se llega a un acuerdo con el PP será acorde con la Constitución y la normativa europea. "Será una reforma, si no llegamos a un acuerdo, respetuosa con la independencia del poder judicial, plenamente constitucional, y acorde con la normativa europea y será un paso importante para regenerar un órgano de Gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis", ha declarado el presidente.

Cinco años y seis meses es el tiempo que lleva el CGPJ con el mandato caducado tras un sinfín de fracasos, excusas, escándalos y complicaciones en las negociaciones entre Gobierno y PP, el último con el nuevo ultimátum del presidente Pedro Sánchez a los populares para desbloquear la renovación.

Sánchez ha dado este miércoles un ultimátum al PP para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de terminar el mes, ya que, si no lo hace, planteará una propuesta para el desbloqueo, que pasa por revisar la potestad del Consejo de realizar los nombramientos de las altas instancias judiciales del país para hacerla "más objetiva y más transparente".

"El día de la marmota ha durado demasiado. Esto se ha acabado", ha subrayado Sánchez en una entrevista en TVE.

El órdago de Sánchez es el enésimo capítulo de un historia enquistada sine die, que recibió su último golpe el pasado abril tras el fracaso de las negociaciones entre PSOE y PP con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

También entonces el presidente del Ejecutivo había dado el plazo máximo del mes de abril para desencallar las negociaciones y desde entonces, ningún acercamiento entre las partes, más bien todo lo contrario, según relata

Fuentes jurídicas consultadas por EFE no aprecian que exista una clara intención de cerrar un acuerdo que ponga fin a la crisis institucional del Poder Judicial derivada de la anomalía de llevar más de cinco años en funciones con unas consecuencias devastadoras.

Las fuentes son escépticas y conscientes al mismo tiempo de que la entrada en vigor de la ley de amnistía dificulta la renovación tal y como ha reconocido el PP, pero no es tanto por esta circunstancia como por el histórico de negociaciones fracasadas hasta la fecha.

Además, advierten de que tras los tres ciclos electorales - País Vasco, Cataluña y Europeas - el acuerdo se antoja más difícil aun si cabe porque el PP se ha volcado en exigir un adelanto electoral.

Ello sin contar con que las posiciones de inicio en la mesa de negociaciones parecen inamovibles. Mientras que el PSOE insiste en acordar la renovación de los miembros del CGPJ antes de emprender la reforma del proceso de designación, el PP mantiene que ambas deben suceder en paralelo.

Mientras tanto, el Consejo va ya por su tercer presidente y con solo 16 vocales de 20, completamente fragmentado en dos bloques, y al que distintas fuerzas políticas acusan de estar haciendo oposición al Ejecutivo ejerciendo la mayoría conservadora de la institución.

Y una cúpula judicial descabezada, con un centenar de vacantes en la judicatura, con especial atención al Tribunal Supremo, que acumula ya 25 plazas sin cubrir, casi el 30% de sus magistrados, por la ley que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos en funciones.

La alternativa que baraja el Gobierno de revisar la potestad de los nombramientos no desentona de la propuesta que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, remitió en abril a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado para modificar el sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo. Aquella propuesta, enviada a título personal y que no representa la opinión del Consejo, tenía por objeto contribuir a desbloquear la renovación del CGPJ ofreciendo una "fórmula intermedia".

Por un lado, que permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por el otro, "diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente", anunció Guilarte.

Desde el Consejo afirman a EFE que si la propuesta va en línea de objetivar nombramientos, podrán contar con Guilarte, quien tiene previsto remitir una nueva y última propuesta a las cámaras para concretar las fórmulas que permitan revisar la política de nombramientos.

Esto es así porque hay voces en el Consejo que han expresado a EFE su malestar ante el ultimátum de Sánchez porque destacan que la competencia para los nombramientos es exclusiva del Consejo, como así lo recoge la Constitución.

Sin embargo, otras fuentes dejan claro que "algo hay que hacer" cuando "el PP se dedica a bloquear una y otra vez la renovación con todo tipo de excusas", por eso dudan de que el ultimátum de Sánchez surta efecto.

Con todo, recuerdan que "la revisión de los nombramientos para objetivarlos más es una cuestión que lleva mucho tiempo discutiéndose" y "una demanda de la carrera judicial", para reducir la discrecionalidad de los nombramientos. 

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