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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés que elaboren un "informe procesal" y "no genérico" como el que le presentaron hace días, en el que se oponían a amnistiar la malversación, una postura que mantienen actualmente.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el fiscal general se ha reunido este martes a petición suya con los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno para solicitarles que respondan específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo sobre la amnistía.
Los fiscales han respondido que ellos ya le entregaron un extenso informe de más de 100 páginas hace unas semanas, si bien García Ortiz les ha insistido es que es preciso elaborar "un informe procesal" y "no un informe genérico sobre la ley", porque en el anterior opinaban de cuestiones de las que no eran competentes y de otras sobre las cuales el Supremo no les ha preguntado.
Según las fuentes, los dos fiscales se han comprometido a entregarlo en los próximos días, sin dar más detalles ni adelantar en la reunión cual será su posición.
No obstante, otras fuentes indican que los fiscales mantienen su criterio y no piensan modificarlo, es decir, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la UE" y que solo se pueden perdonan los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Cuando lo entreguen, el fiscal general tendrá que ver si avala su posición y será entonces cuando los fiscales del procés decidan, en caso de que García Ortiz no comparta su postura, si invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general.
El magistrado del Supremo Pablo Llarena que instruye la causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont, la exsecretaria general de ERC y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig así como la sala de lo Penal del alto tribunal han dando un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley de amnistía a los hechos en cuestión.
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