El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reúne con la cúpula fiscal de Cataluña así como con los fiscales jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación de la ley de la amnistía, aprobada este jueves, según informa Ricard Martin en el vídeo.

La primera cita será con los fiscales de la Audiencia y del Tribunal de Cuentas y ya después será el turno de los fiscales de Cataluña. Han sido convocados el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, los cuatro fiscales jefes provinciales y los seis fiscales jefe de área, informan fuentes fiscales.

Cataluña es el lugar donde existen más causas afectadas por la amnistía, que el Ministerio Fiscal había fijado en unas 300 sin contar con aquellas que se circunscriben a hechos ocurridos en Barcelona, donde más incidentes se produjeron durante el 'procés'.

Se trata de la segunda jornada de reuniones ya que ayer se citó con los cuatro fiscales que participaron en el juicio del 'procés', Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, críticos con la norma, así como con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, los jefes de las dos secciones de Penal del alto tribunal y el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional.

Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' comunicaron al fiscal general que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)", al tiempo que le informaron de que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía.

Estos fiscales le entregaron un extenso documento en el que no ven viable amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Y que también concierne a tres de los fugados que son el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.

Los cuatro fiscales le explicaron también que las medidas cautelares y ordenes de detención, que afectan, entre otros, a Puigdemont, no pueden ser levantadas, pese a que la ley contempla que deben de ser alzadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.

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