Ley de Amnistía ha sido aprobada en el Congreso con 177 votos a favor necesarios para sortear el veto del Senado. Una norma que exculpa a los implicados en el procés -empezando por Carles Puigdemont- y logra el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios contra la sentencia del Supremo. La ley, que tiene en contra a toda la oposición, fue un pacto de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido.

Aunque estaba previsto que la ley se aprobara con 178 votos a favor, la ausencia de la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha dejado en 177 los síes y 174 los noes. No ha habido ninguna abstención.

La tensión en el pleno que ha sorteado el veto del Senado a la ley de amnistía se ha mantenido toda la mañana en el Congreso. Desde los gritos de traidor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el momento de la votación, hasta las lágrimas de algún diputado independentista al escuchar el resultado de la votación pasando por el enfrentamiento verbal entre diputados de Vox y Sumar.

La ley de amnistía, que se tendrá que publicar en el BOE para que entre en vigor, prevé amnistiar a cerca de 370 encausados.

Cerrada la etapa política de la ley de amnistía comienza la judicial. La ley tiene carácter preferente y da un plazo de dos meses al Poder Judicial para materializarla. No obstante, las medidas cautelares deben aplicarse de inmediato y eso permitiría a Carles Puigdemont venir a España para la investidura en el Parlament.

No obstante, si la ley de amnistía es recurrida si podría afectar a ese regreso de Puigdemont a España.

Algunas fuentes socialistas muestran su preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.

También existe la posibilidad de que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, lo que también pararía su aplicación.

En cualquier caso, esta ley no entrará en vigor inmediantamente. Primero debe aprobarse en el Boletín Oficial de las Cortes, un procedimiento habitual que suele tardar una semana. Después se pulicará en el BOE con la ratificación del rey.

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