El Gobierno ha evitado una nueva derrota parlamentaria tras la retirada de la Ley del Suelo. Este paso atrás tiene consecuencias en un sector muy sensible a los vaivenes políticos. El precio de la vivienda ha subido un 4 % y hay municipios como Vigo que tienen problemas para sacar adelante nuevas promociones inmobiliarias por el atasco legislativo. Informa Hildegard Romero.
Los expertos del Banco de España calculan que en España hacen falta al menos 600.000 viviendas, una cifra que habría que duplicar en el caso de las destinadas al alquiler social. La falta de un acuerdo para tener una ley del suelo paraliza que se hagan viviendas en más de 100 ayuntamientos como el de Vigo y el de Garromero.
El municipio pontevedrés vio como en 2015 se anuló su plan de ordenación urbana. Cuatro años más tarde, el ayuntamiento vigués intentó salir del atasco normativo aprobando en 2019 un plan provisional, lo que permitió levantar viviendas en varias zonas de la ciudad, pero dejó a otras sin esa posibilidad.
Los promotores inmobiliarios se quejan de que todos esto solo trae retrasos y problemas ante una demanada y unas necesidades que no paran de crecer año tras año. Además, los nuevos planteamientos urbanisticos nacen con nuevos requisitos medioambientales y de movilidad reducida.
Los datos hablan de que más de un centenar de municipios en España tienen anulados sus planes urbanísticos. Por eso, los expertos consideran que una Ley del Suelo es muy necesaria para seguir avanzando en el urbanismo a través de la política de vivienda.
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