El empresario Alberto González Amador y pareja de Isabel Díaz Ayuso declarará este lunes, por supuesto fraude fiscal, que había reconocido antes del rifirrafe de la presidenta de Madrid, que asegura que es víctima de una cacería política.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid considera que hay indicios de dos delitos contra Hacienda y de otro de falsedad documental por supuestas facturas falsas, que no se corresponderían con los servicios prestados, presuntamente aportadas para reducir la cuota tributaria a pagar.

La investigación comenzó tras una denuncia de Fiscalía al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso y tras un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa de la que González Amador figuraba como administrador, Maxwell Cremona.

González Amador se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos a cambio de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que se redujese su eventual condena y el 2 de febrero su abogado envío al ministerio público una “propuesta de conformidad penal” en el que comunicaba que el empresario “acepta íntegramente” la comisión de dos delitos y proponía aceptar una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros.

Poco más de un mes después y ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo había ofrecido el fiscal, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con “aclaraciones” sobre el caso.

Este comunicado, que tuvo amplia repercusión en los medios, acabó desembocando en otra causa penal, tras interponer González Amador una querella contra el fiscal que le investiga, Julián Salto, y su superior, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por supuesta revelación de secretos.

En el marco de este segundo procedimiento, que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el que González Amador es acusación particular, el empresario y el Colegio de la Abogacía de Madrid -también acusación- están citados este viernes para ratificar su querella.

Las comparecencias de González Amador ante la Justicia marcarán la agenda judicial madrileña de esta semana por un caso que empezó como una supuesta defraudación con un intento de conformidad y que ha acabado poniendo en el foco la actuación del Ministerio Público y del propio fiscal general del Estado.

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