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El Gobierno ha decidido llamar a consultas a su embajadora en Argentina en protesta por unas declaraciones de su presidente, Javier Milei, que considera como un "insulto" a España y sus instituciones, empleando de este modo por segunda vez este instrumento diplomático desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa.
La llamada a consultas de un embajador acreditado en otro país es una de las herramientas en diplomacia con las que los gobiernos pueden poner de manifiesto su malestar. Es un paso más contundente que la convocatoria del embajador del país concernido en el Ministerio de Exteriores para trasladar verbalmente o mediante una nota la protesta por una determinada cuestión, y un paso previo a la retirada del embajador.
Hasta ahora, la única vez que el Gobierno de Pedro Sánchez había recurrido a este instrumento fue en agosto de 2021, con Albares recién llegado al Ministerio. Entonces, se llamó a consultas a la embajadora en Nicaragua tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.
Cuando el Gobierno quiso enviarla de vuelta en marzo de 2022, el régimen de Daniel Ortega no le dio autorización y, tras una advertencia de reciprocidad por parte de Exteriores, optó por retirar a su vez a su embajador en Madrid. Finalmente, en julio de ese año, el Ejecutivo envió una nueva embajadora que terminaría presentando sus cartas credenciales al presidente en febrero de 2023, dando así por superada la crisis diplomática pese a que el Gobierno no reconoció posteriormente la reelección de Ortega en noviembre de 2021.
Por otra parte, el Gobierno no ha querido optar por la reciprocidad en estos años cuando otros países han optado por llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Madrid por distintos motivos. El primero en hacerlo fue Marruecos en mayo de 2021 en protesta por la acogida en España por motivos humanitarios del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aquejado de coronavirus.
El regreso de la embajadora, Karima Benyaich, a Madrid no se produjo hasta marzo de 2022, tan solo días después de que Rabat diera a conocer la carta de Sánchez al rey Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara era "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.
Aquel gesto, duramente criticado tanto por los socios de coalición como por la oposición en España que vieron en ello un giro a la posición tradicional española, abrió otra crisis, esta vez con Argelia, principal valedor del Polisario, que optó por llamar a consultas a su embajador en Madrid de forma inmediata. No fue hasta diciembre pasado, y tras la reelección de Sánchez como presidente, cuando Argelia decidió enviar de vuelta a su embajador, designando uno nuevo.
En ambos casos, el Gobierno optó por mantener a los embajadores en Rabat, Ricardo Díez-Horchleitner, y en Argel, Fernando Morán Calvo-Sotelo, para demostrar su voluntad de reconducir la situación, mantener la interlocución en la medida de lo posible con ambos gobiernos y no agravar aún más la crisis.
Tampoco respondió con la misma moneda a Israel cuando el Gobierno de Benjamin Netanyahu decidió llamar a consultas a la embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, el pasado 30 de noviembre después de que Sánchez cuestionara en unas declaraciones que el Ejército israelí estuviera actuando conforme al Derecho Internacional en su ofensiva en la Franja de Gaza.
La llamada a consultas se produjo después de que la embajadora española en Israel, Ana Salomon, hubiera sido convocada en varias ocasiones en el Ministerio de Exteriores israelí, incluida una semana antes al término de la gira de Sánchez por Israel, Palestina y Egipto tras el malestar ocasionado por sus declaraciones desde el paso fronterizo de Rafah, por donde horas más tarde iban a salir los primeros rehenes liberados por Hamás. La embajadora israelí, que había sido convocada a Exteriores el 23 de noviembre en respuesta a la convocatoria de Salomon, regresó a principios de enero a su puesto.
El último país que ha dado el paso ha sido Guinea Ecuatorial. El Gobierno de Teodoro Obiang Nguema llamó a consultas a su embajador el pasado 22 de marzo por lo que considera "persecución de la justicia española" contra varios miembros del Ejecutivo de la antigua colonia española.
Dicha medida vino motivada por la decisión el pasado 23 de febrero del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz de dictar orden de detención e ingreso en prisión contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Obiang e investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R). Tampoco en este caso ha habido una medida equivalente por parte del Gobierno.
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