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La ONU ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".
Así lo han expresado en un informe de tres relatores de Naciones Unidas en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórico de "las graves violaciones de derechos humanos".
Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, han recordado que es deber de "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, "cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".
"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Con este informe, Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana.
Representantes de víctimas y represaliados "Es una vergüenza para la comunidad valenciana" ven reforzada su crítica a las leyes autonómicas propulsadas por PP y Vox frente a las leyes de memoria vigentes. "Ha costado muchísimos años empezar a hacerlo, poquito a poco lo estamos consiguiendo y no vamos a permitir que se paralice".
Son varias las razones que les han llevado a su oposición frontal a las llamadas leyes de concordia. "La intención de diluir al colectivo que es objeto, por los que se crearon las leyes de memoria, que es el colectivo que nunca nadie ayudó".
Esta es una de sus denuncias, que amplían el periodo temporal a la Segunda República. Y en el caso valenciano, también incluyen el terrorismo etarra e islámico. Dicen las víctimas que así se busca desdibujar el golpe de Estado y el régimen franquista.
Critican además, que el término dictadura desaparece en algunas de estas leyes y que obstaculizan, incluso suprimen, las exhumaciones.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este viernes el informe de la ONU que insta a España a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox: "No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista" ETA. Además, ha dicho que "lo mejor que se puede hacer" es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que "aún no lo están" en CCAA.
En declaraciones a los periodistas ante el Museu Dalí de Figueres (Girona), el jefe de la oposición ha contrastado su postura con la del Ejecutivo socialista, después de que el PSOE acordara con Bildu la ley de memoria. "Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. no se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí", ha enfatizado.
"Para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha añadido.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció ante de las elecciones generales del 23 de julio que si llegaba al Palacio de la Moncloa derogaría la ley de memoria y así lo recogió en su programa electoral.
"Impulsaremos, derogando la mal llamada ley de memoria democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad", señala el programa del PP.
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