Manos Limpias, el sindicato de funcionarios creado por Miguel Bernad en 1995, tiene una exigua representación en las administraciones y acumula un largo historial de denuncias y querellas, la mayor parte de ellas archivadas, que en los últimos años ha dirigido contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Pere Aragonès, entre otros.

Miguel Bernad, político en los años 80 que concurrió como candidato a las elecciones europeas por el ultraderechista Frente Nacional en 1987 y 1989, creó Manos Limpias hace casi 30 años y lo denominó "sindicato de funcionarios", si bien apenas ha tenido representación en la Junta de Castilla y León, comunidad en la que ahora tiene su sede, en concreto en Salamanca.

La organización se dedicó a impulsar denuncias y querellas bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción hasta que en 2016 su secretario general fue detenido junto al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por extorsionar a bancos y a empresas y por tratar de obtener dinero a cambio de retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Noós.

Bernad, que estuvo en prisión preventiva unos ocho meses, y Pineda fueron condenados por la Audiencia Nacional por extorsionar a entidades bancarias y empresas a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito. La acción de Manos Limpias cayó en los años posteriores, pero no desapareció.

La Fiscalía pidió para Miguel Bernad 25 años de cárcel y la Audiencia Nacional limitó la condena a 4 años en una sentencia en la que consideró probado que Luis Pineda, al ver que una manera de obtener dinero era a través de procesos penales, estableció una colaboración con Manos Limpias, que se personaba como acusación en causas con gran repercusión mediática.

La sentencia dio por probado que Bernad se reunió en 2015 con el director general de la Fundación La Caixa Jaume Giró para proponerle la retirada de la acusación de Manos Limpias a la infanta Cristina a cambio de dos millones de euros, si bien no apreció "un clima de presión del que se valieran los acusados" para imponer esa presunta oferta, por lo que absolvió a ambos de este episodio.

Tres años después, el Supremo anuló esas condenas en una sentencia en la que, no obstante, consideró probado que Pineda ejerció esas acciones civiles y penales -en este caso de acuerdo con Bernad- contra entidades financieras con las que después negociaba acuerdos publicitarios en favor de Ausbanc a cambio de llegar a un acuerdo y, por ejemplo, retirar la acusación.

Pese a acreditar esas presiones, el Supremo estableció que, aunque censurables en el plano ético, no eran suficientes para condenar por extorsión porque no alcanzan el requisito de intimidación.

Pero incluso antes de esa sentencia absolutoria, la actividad de Manos Limpias había crecido de forma notable, con un amplio historia de denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el exvicepresidente Pablo Iglesias; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, todas ellas archivadas o rechazadas.

La última de las archivadas iba dirigida contra Sánchez y dirigentes del PSOE y del Gobierno por la ley de amnistía, pero también fue el responsable de llevar a los tribunales el falso informe PISA sobre la financiación de Podemos en 2016 o de denunciar a Gabriel Rufián por revelación de secretos oficiales o a Pere Aragonès por el modelo de inmersión lingüística.

Todas esas iniciativas fueron archivadas por el Supremo, como sus denuncias contra la entonces ministra Dolores Delgado y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, o como lo fue, en este caso por un juzgado de Madrid, su denuncia por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Manos Limpias fue la única acusación que quiso -y logró- que la infanta Cristina se sentara en el banquillo por el caso Noós (la Audiencia de Palma y el Supremo lo condenaron a pagar las costas a la hermana del rey), también acusó en los ERE, en el 9N o a Miguel Blesa.

Actualmente está personado en la causa que se sigue en un juzgado de Majadahonda por presuntos delitos de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y se ha archivado recientemente la causa abierta contra la revista satírica Mongolia por una portada que satirizaba un belén que, a juicio de los demandantes, ofendía a los sentimientos religiosos.

Su última acción judicial ha sido la denuncia presentada por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias a partir de ocho noticias publicadas por medios de comunicación, una iniciativa por la que ha abierto diligencias de investigación el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. 

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