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El Gobierno ha aprobado este marte el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica en España, aunque hayan prescrito o no hayan sido juzgados por diferentes causas. No hay cifras oficiales sobre el número de las personas que puedan ser compensadas por los abusos sufridos, pero se calcula que sean unos 487, según los testimonios recogidos por el Defensor del Pueblo. Una información de Iñaki Aguado.
La medida aprobada en el Consejo de Ministros es una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, a propuesta del Congreso de los Diputados.
"Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre contenía testimonios de 487 afectados. Además de los resultados de una encuesta según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad aseguraba haber sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
Si se extrapolan estas cifras, más de 445.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.
La Iglesia, por su parte, también ha investigado los abusos en su seno. En febrero de 2022 la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo y los resultados del mismo se conocieron a finales del año pasado.
Este informe recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas de abusos sexuales. En este trabajo entregado a la CEE, Cremades también propone una serie de indemnizaciones a las víctimas y establece cuantías de entre 6.000 y 100.000 euros, así como la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros en el que participara tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos.
Según ha señalado Bolaños, el plan contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.
Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. "Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos", ha apuntado.
En todo caso, ha señalado que esa reparación simbólica "por sí misma no basta", por lo que irá acompañada con una reparación material "adecuada" y "suficiente" en términos económicos para las víctimas de los abusos.
El ministro, además ha prometido que se adoptarán medidas legales y administrativas para "ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban".
Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.
Respecto al segundo eje, ha precisado que el Ejecutivo hará hincapié en la prestación de un trato "adecuado" y "óptimo" en las oficinas de detención a las víctimas del delito que el Ministerio de Justicia, de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas. En este sentido, también tiene previsto generar "entornos seguros" con salas "amigables" para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.
En cuanto al tercer eje, ha explicado que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y que modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa en España "para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos".
El Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños ha explicado que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE).
"Nuestra idea es hacerlo de la mano con la Iglesia Católica. Ya hemos iniciado conversaciones, la semana pasada tuve ocasión de reunirme con el nuevo presidente de la Conferencia (Espiscopal) y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia Católica en la reparación de estos abusos sexuales cometidos en su ámbito", ha subrayado Bolaños.
En este sentido, Bolaños ha indicado que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países como Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos. "Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y también me lo explicaron de esa manera", ha destacado.
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