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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la reapertura de la causa en la que investigaba el espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez con el programa informático Pegasus. La decisión del magistrado responde a nuevas informaciones emitidas por las autoridades judiciales de Francia. En el supuesto espionaje estaban afectados los dispositivos móviles de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).
El magistrado de la AN ha acordado, en el auto firmado este martes y recogido por Europa Press, la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas, que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por otros espionajes a teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales y miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con el mismo programa informático Pegasus.
Las autoridades francesas, en la documentación aportada, explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital riesgo con sede en Israel, y que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.
Del mismo modo, las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas espionaje masivo y que su investigación les ha llevado a solicitar ayuda judicial a Estados Unidos e Israel, después de que la empresa NSO rechazara ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.
En el documento enviado por Francia se recogen los "indicadores de compromiso" (IOCs), que son una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros. Los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.
En su auto, el juez Calama explica que el sobreseimiento provisional permite reabrir una causa cuando aparecen nuevos datos. En este sentido, considera que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar los autores que 'infectaron' los teléfonos de los miembros del gobierno de España.
El magistrado explica que las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. "Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación", concluye.
Como principal diligencia, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la práctica de un informe pericial que elaborará el Centro Criptológico Nacional con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos.
Calama explica que cuando obtenga el resultado de este nuevo examen pericial se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades franceses y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
"Todo ello permitirá una actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España", concluye el juez.
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