Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la querella que ha presentado por supuesta revelación de secretos sobre la investigación por su supuesto fraude fiscal, ha denunciado que "nadie duda" de que si tuviera "una relación sentimental" con otra persona distinta "jamás" se hubieran revelado sus datos tributarios y procesales.

La querella presentada por González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por la nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.

En la querella presentada por el novio de Díaz Ayuso ante ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), expone que su abogado intervino en las actuaciones de inspección, "conocedor de la propuesta de liquidación" y sobre todo de las especiales circunstancias de su cliente "por la relación sentimental que mantiene y su potencial efecto deformador de las garantías procesales".

González Amador, relata que su abogado el pasado 2 de febrero se puso en contacto mediante correo electrónico con el Ministerio Fiscal para "canalizar y alcanzar" en la forma prevista en la legislación penal y de la forma más rápida posible, "la figura análoga a las actas de conformidad ya alcanzadas en sede tributaria, esto es la conformidad penal".

Según recoge la querella, el fiscal Julián Salto contestó el 12 de febrero a través de un correo que tomaba "nota de la voluntad de alcanzar la conformidad, quedando en seguir en contacto para avanzar en las negociaciones".

En las diligencias, la defensa solicita que declaren como investigados los querellados y requiere a la Fiscalía de Madrid que indique quién o quienes redactaron la citada nota informativa y quién o quienes fueron las personas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado, así como el máximo responsable que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado.

Alberto González Amador ha argumentado en otro apartado que "nadie duda" de que si tuviera "una relación sentimental con una persona distinta o no tuviera ninguna, el mismo jamás habría padecido" una serie de hechos como son en primer lugar "el que se revelara y se hiciera pública la existencia, el contenido íntegro y el soporte de una denuncia de la Fiscalía, antes de que ningún proceso penal se dirigiera a él de ninguna forma".

Otro de los extremos es que se "revelara y se hiciera pública la existencia y el contenido de las actuaciones tributarias íntegras y adjuntas en CD a la denuncia revelada y hecha pública", así como que se revelara y se hiciera pública la existencia y la cronología de las comunicaciones secretas para terceros ajenos a los intervinientes en las mismas".

La pareja de Ayuso, también critica que se desvelara "el contenido de esas comunicaciones secretas, incluidas manifestaciones efectuadas en nombre del tercero representado y defendido no interviniente en las mismas, en las que se ponía abiertamente de manifiesto el posicionamiento con respecto a las pretensiones acusatorias en el marco de una negociación de una conformidad penal".

"Mediante las anteriores acciones protagonizadas por los representantes del Ministerio Fiscal que con ocasión de su cargo tuvieron acceso a los soportes, datos, información y comunicaciones, se ha producido la revelación publica de absolutamente toda la intimidad (secreto) e información tributaria, procesal y de defensa asociada a Alberto González Amador", recoge la querella.

Subraya que "el secreto, confidencialidad y reserva frente a cualquier tercero específicamente referida a las comunicaciones entre los representantes del Ministerio Fiscal y los Abogados con ocasión de las conformidades penales está fijada como principio del Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española".

En la querella presentada este miércoles se señala que "a través de las revelaciones públicas protagonizadas por los querellados rompiendo el secreto de las comunicaciones y la confidencialidad de la negociación, no sólo se ha puesto abiertamente de manifiesto la mayor o menor fortaleza de las posiciones de la acusación y la defensa ante cualquier potencial Juez llamado al enjuiciamiento, sino que se ha pretendido extenderlo a cualquier ciudadano, sacrificando para ello el Ministerio Fiscal su deber de secreto".

Denuncia que de este modo ha convertido "en imposible cualquier proceso justo al haber extraído de raíz los elementos esenciales que hacen que el mismo no pueda darse con todas las garantías, y ello de forma irremediable".

Por su parte, la pareja de la presidenta madrileña está llamada a declarar el próximo 20 de mayo como investigada por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

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