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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido señalada por el diario digital El Confidencial por su presunta intervención en la adjudicación de un contrato público por valor de 7,7 millones de euros durante la crisis sanitaria desatada por la pandemia. Informa Julio Muley.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por el citado medio, Gómez habría brindado apoyo a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se presentó a una licitación convocada por el Ministerio de Economía, lo que habría otorgado a este consorcio una supuesta ventaja competitiva en el proceso de selección.
El apoyo consistió en una carta firmada por ella en la que apoyaba la oferta y la solvencia de Innova Next SLU, consultora de Carlos Barrabés, y la escuela de negocios The Valley.
Según El Confidencial, la consultora de Barrabés habría facilitado con anterioridad un encuentro entre Begoña Gómez y representantes de Air Europa en 2019. Posteriormente, Barrabés habría participado en la creación de un Máster en Transformación Social Competitiva, el cual está siendo dirigido por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Las fuentes consultadas por El Confidencial informan de que los dos contratos adjudicados a la UTE de Innova Next SLU y The Valley estaban financiados con fondos públicos de la UE y fueron otorgados por Red.es, órgano dependiente del ministerio de Economía dirigido en aquel momento por Nadia Calviño.
La UTE habría optado a dos de los siete lotes en los que se troceó la adjudicación y, ante otras ofertas, fue la que se alzó con los contratos de 4.000.344,6 euros y 3.778.581,85 euros, respectivamente.
El Confidencial confirma también que es habitual incluir en las ofertas cartas de recomendación cuya finalidad es la de "trasladar al tribunal una imagen de solvencia y subir la puntuación en la parte subjetiva del concurso".
También que la UTE aportó cartas similares de empresas, instituciones u organizaciones sociales como IBM, Microsoft, Orange, la Gerencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y el Secretariado Gitano.
Añade también El Confidencial que el resto de los candidatos también aportó declaraciones de compañías y entidades vinculadas al objeto del contrato.
A pesar de las acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias, tanto Carlos Barrabés como el Gobierno han negado categóricamente la existencia de irregularidades en el proceso de licitación del contrato público en cuestión.
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