Fue el 30 de octubre de 2017, semanas después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, cuando el expresidente catalán Carles Puigdemont huyó de España. Su destino fue la ciudad belga de Waterloo, a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas. Se instaló en un barrio residencial, alejado del centro de la capital de Bélgica y corazón de las instituciones de la Unión Europea. Desde entonces, su defensa mantiene un pulso con la justicia española que ahora puede cambiar con la ley de amnistía y su candidatura a presidir la Generalitat de Cataluña tras elecciones del 12 de mayo.

Tenemos que retroceder en el tiempo, en el peor momento que ha vivido la democracia española tras su restauración cuando la mayoría independentistas de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña organizó y celebró el 1 de octubre de 2017 un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los resultados llevaron a estas instituciones a aprobar las leyes de desconexión y la Declaración Unilateral de Independencia.

La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo del PSOE en el Senado fue aplicar el artículo 155 de la Constitucion lo que suspendía de forma temporal la autonomía catalana pasando el control de sus instituciones a manos del Ejecutivo central. Como consecuencia de la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña, una declaración que incluía su propia suspensión en el mismo acto, la Justicia española abrió un proceso penal al que fue citado Carles Puigdemont.

El 30 de octubre, ante la acción de la Justicia española y por miedo a ser detenido, Carles Puigdemont huye poniendo rumbo a Bruselas en un viaje clandestino donde cuenta con la ayuda de varios Mossos d'Esquadra. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado se querella contra él y su Govern por rebelión, sedición y malversación.

Seis días más tarde, el 5 de noviembre, Carles Puigdemont se entrega a la Justicia belga, que le pone en libertad con medidas cautelares.

Amparado por la Justicia belga que le salvaguarda de las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Supremo, Carles Puigdemont se instala en Waterloo en una vivienda unifamilar que pasa a denominarse la “Casa de la República”. Se trata de una mansión de 500 metros cuadrados situada en la Avenue del Abogado número 343. La casa dispone de seis habitaciones, tres baños, cocina equipada, garaje con capacidad para cuatro coches y terraza de 100 metros cuadrados.

En estos nueve años, Puigdemont ha continuado su actividad política. Fue elegido eurodiputado en 2019 y ha trabajado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Ha participado en diversos eventos y ha viajado por varios países de Europa. En una de estas giras, fue detenido en Alemania al amparo de una de las euroórdenes de detención que estaban activas contra él tras fugarse de España.

El incidente tuvo lugar en marzo de 2018 y durante cuatro meses estuvo en libertad, pero retenido en el país hasta que el 28 de julio pudo regresar a Bruselas. Fue posible gracias a el Tribunal Superior de Scheswig-Holstein resolvió a su favor la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español contra él.

Meses más tarde, a finales de septiembre de 2021, Puigdemont volvió a ser detenido en otra de sus salidas de su refugio belga. Fue en Cerdena y en ejecución de una euroorden de detención emitida contra él, también por el Tribunal Supremo español. El 4 de octubre, el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, acordó suspender el proceso de extradición del expresidente de Cataluña tal y como había solicitado la Fiscalía, argumentando que se debía esperar a la cuestión prejudicial y al procedimiento de inmunidad pendiente en el Tribunal General de la Unión Europea.

A lo largo de estos nueve años, la “Casa de la República” de Waterloo ha sido el escenario de una amplia agenda de contactos políticos especialmente en relación con la actualidad catalana, pero también española.

Entre las visitas que ha recibido Puigdemont en Bruselas, destacan la de los principales miembros de la cúpula de su formacción política Junts per Catalunya, así como representantes de la vida social y cultura de Cataluña como el prior de Montserrat, Bernat Juliol o expresidentes como Artur Mas o Quim Torra

También ha sido un punto nuclear en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobieerno tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. En ese momento, los siete votos de Junts eran fundamentales para que el Congreso eligiese al candidato socialista o al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante esas semanas de infarto, pasaron por Waterlo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar o la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz. También habló con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque en este caso en la sede del Parlamento Europeo. Unas gestiones que culminaron con la eleccción de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

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