La ley de amnistía recoge numerosos cambios, a petición de los independentistas, con respecto al texto que el PSOE presentó inicialmente. El Gobierno aseguró que no se iba a mover de sus posiciones, pero no cumplió ese compromiso. Se pasó hacer de la necesidad virtud a facilitar la convivencia... y el blindaje de Puigdemont.

El nuevo texto de la amnistía que tiene sobre la mesa el Congreso de los Diputados busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

Qué ha cambiado el Gobierno: Para protegerse los protagonistas del 'procés' han peleado para que solo quedaran fuera de la amnistía los actos con muerte o tortura de una persona, y los que considere la legislación europea, eliminando la referencia del Código penal.

El Supremo explicó que para acreditar el delito de 'terrorismo callejero' se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un supuesto estado de terror en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas analizadas y que afectaban a Puigdemont encajan en dicha descripción.

En Europa, sin embargo, este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa. Y por eso se ha apostado por el derecho europeo en detrimento del español. En este punto Junts cree que hablamos de una amnistía integral y que los jueces que no accedan a ella estarán prevaricando.

En el caso del terrorismo se señala que solo se quedan sin cobertura "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo", según la directiva europea de 2027, y que, a su vez, hayan causado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos". En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura- y al derecho internacional humanitario.

A Junts le preocupan las conexiones con Rusia de Puigdemont ,que podrían suponer delitos de alta traición. La amnistía ahora los perdona , excepto si han supuesto un uso efectivo de la fuerza.

¿Qué ha cambiado?  se enmienda la amnistía para incluir el perdón a los actos tipificados como delitos de alta traición y contra la paz, siempre que no se haya producido "tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".

El texto acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto por la medida de gracia "únicamente" cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el 'procés' y "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".

Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el procés cuando, "independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico", no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida ley mordaza.

Se podrá hacer salvo que se trate de infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren "criterios de proporcionalidad" para hacerlo. 

Para dar impunidad a quienes gastaron en consejerías en partidas destinadas a otra consulta ilegal la de 2014 que impulsó Artur Mas se amplían las fechas: En lugar de partir del 1 de enero de 2012, el plazo abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

La ley de amnistía sobrevuela también sobre las elecciones al gobierno de la Generalitat de Cataluña, convocadas para el 12 de mayo, coincidirán con la recta final de la tramitación de la ley de amnistía que podría estar en vigor a finales del mismo mes, tras su paso por el Senado y su posterior aprobación definitiva en el Congreso.

La decisión de Aragonès se ha producido después de que el Parlament haya tumbado su proyecto de presupuestos con los votos de En Comú Podem y Junts, que han apoyado las enmiendas a la totalidad registradas.

Una decisión que se ha producido a 24 horas de aprobarse en el Congreso la ley de amnistía, acordada entre PSOE, Junts y ERC, para ser remitida al Senado donde permanecerá durante dos meses, según la intención del PP que pretende frenar así su entrada en vigor.

La tramitación de la ley no parece peligrar pese a este adelanto electoral en Cataluña, que sin embargo, sí ha incidido en unos presupuestos de 2024 que el Gobierno da por perdidos para centrarse en los de 2025 ya.

De momento, el calendario previsto respecto a la ley de amnistía es que regrese al pleno del Congreso a mediados de mayo para levantar todas las enmiendas que haya recibido en el Senado, en su mayoría procedentes del PP. De esta forma, la ley de amnistía que borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el 'procés' durante doce años y abre la puerta al regreso a España del expresident de la Generalitat ,Carles Puigdemont podría entrar en vigor a finales de mayo.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha dado por hecho este miércoles que el candidato de su partido a la Generalitat será Carles Puigdemont al señalar que "iremos a por todas". Estas fechas coinciden también con la campaña electoral para las europeas, que se celebrarán el 9 de junio.

Fuentes de la formación independentista en el Congreso señalaron recientemente, antes de conocerse el adelanto en Cataluña, que Puigdemont podría presentarse como candidato pero que será él quien decida el mes, el día y la hora de su regreso a España.

Según marca la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Central, que regula el funcionamiento de los procesos electorales en Cataluña, contempla que "toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicación y con los medios de apoyo que requiera".

Sin embargo, en nuestro país - indica la ley- sí es posible restringir este derecho a presentarse a elecciones, mediante una sentencia que prive a un ciudadano de su derecho al sufragio durante un tiempo determinado. Este no es el caso de Puigdemont que, estando ya perseguido por la justicia, pudo presentarse a las elecciones europeas del año 2019 y conseguir un escaño en el parlamento de la Unión, en Estrasburgo.  Cabe destacar que, para poder ejercer como Diputado en el Parlament Catalán, Puigdemont deberá renunciar a su acta de Eurodiputado, por la incompatibilidad que marca el artículo 211 de la Ley Electoral.

Por tanto, es materialmente imposible que un Puigdemont amnistiado figure en las listas de Junts del futuro mes de junio. Sin embargo, los plazos podrían apurarse para, efectivamente, permitir que Puigdemont estuviese presente en el debate de investidura. Después de una primera votación de investidura, se puede apurar hasta un plazo de dos meses antes de realizar un segundo debate de investidura, convocado por la presidencia de la Cámara. Por lo tanto, la composición del la mesa del Parlamento de Cataluña será muy relevante en este maniobra planteada por Junts.

Si en este "tiempo de descuento" Puigdemont se beneficia de la amnistía, podría acudir presencialmente para someterse a una investidura.

Pero antes, la ley de amnistía, donde Puigdemont ha ganado.

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