A casi dos décadas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la situación de los condenados ha evolucionado significativamente. De los 18 individuos condenados en el año 2008 por su participación en los atentados, varios han cumplido sus penas y han sido liberados, mientras otros siguen cumpliendo condenas en prisión. Hay que recordar que a pesar de las cifras estratosféricas de condena que recibieron los imputados, la ley española solo permite que se cumplan un máximo de 40 años. 

José Emilio Suárez Trashorras, quien fue condenado a 34.715 años de prisión por cooperación necesaria, al haber suministrado la dinamita a Jamal Hamidan, líder de la célula terrorista, inmolado en Leganés. Trashorras ha tenido un trayecto carcelario de altibajos, incluyendo un período en segundo grado penitenciario y la participación en un encuentro restaurativo con una de las víctimas. Sin embargo, tras un incidente en 2018 donde presuntamente amenazó a un funcionario, fue de nuevo remitido a primer grado. Actualmente, está clasificado nuevamente en segundo grado en una cárcel coruñesa.

Othman El Gnaoui, condenado a 42.922 años como uno de los autores materiales del atentado, siendo quien trasladó los explosivos desde Asturias hasta la finca en Morata de Tajuña en la que se prepararon las bombas. Este es uno de los últimos en permanecer en prisión, con su liberación prevista para 2044. Está recluido en la prisión de Mansilla, en León, y ha sido clasificado en primer grado penitenciario, aunque se le aplica un régimen que suaviza su confinamiento debido a su buen comportamiento. Está cumpliendo su condena en A Lama (Pontevedra). 

Jamal Zougam fue condenado a 42.922 de prisión como otro de los autores materiales del atentado, ya que fue el que suministró las tarjetas SIM desde las que se realizaron las detonaciones. Está cumpliendo prisión en la cárcel del Teixeiro (A Coruña).

La salida de estos individuos está programada para el año 2044, y todos ellos están clasificados en primer grado penitenciario, el nivel más restrictivo de encarcelamiento en España. Esta clasificación se reserva para aquellos considerados particularmente peligrosos. El Gnanoui es el único que tiene algo más de manga ancha, al habérsele aplicado el 100.2 y permitirse algo más de tiempo en el patio. 

En los últimos años han ido saliendo de prisión varios de los condenados por el atentado del 11M, como es el caso Abdemaljid Boucher en 2023, o Rachid Aglif, Mohamed Bouharrat y Antonio Toro. 

Estos casos ilustran no solo las consecuencias legales a largo plazo de los atentados del 11M, sino también las medidas de seguridad y rehabilitación que el sistema penitenciario español aplica a los condenados por terrorismo. La gestión de estos individuos en prisión, incluyendo esfuerzos para prevenir la radicalización adicional, refleja la complejidad de tratar con condenados por delitos de terrorismo y el equilibrio entre castigo, seguridad y posibles vías hacia la reinserción.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, conocidos como 11M, constituyen uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia de España. Esa mañana, diez explosiones sacudieron cuatro trenes de cercanías madrileños en plena hora punta, resultando en la muerte de 193 personas y dejando más de 2.000 heridos. Los ataques, orquestados por un grupo vinculado al extremismo islámico, estaban dirigidos a causar el máximo daño posible, tanto en términos de vidas humanas como de impacto social y político. Las explosiones se produjeron casi simultáneamente en trenes que se dirigían o estaban dentro de la estación de Atocha, así como en las estaciones de El Pozo y Santa Eugenia, creando una situación de caos y confusión.

En el período posterior a los atentados, la sociedad española se unió en el duelo y la solidaridad, mientras que las autoridades emprendieron una extensa investigación que condujo a la detención y condena de varios implicados en los ataques. El impacto del 11M se extendió más allá de las fronteras de España, reforzando la percepción global de la amenaza del terrorismo y alterando las políticas de seguridad tanto a nivel nacional como internacional. Años después, el recuerdo de los atentados sigue siendo una parte dolorosa de la memoria colectiva española, simbolizando tanto la vulnerabilidad ante actos de terror sin sentido como la resiliencia frente a ellos.