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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha acordado remitir documentación del asunto a la Fiscalía Europea, que investiga en paralelo los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.
Así consta en una providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que a la vista de la información requerida por la Fiscalía Europea el pasado 29 de febrero, atendiendo a la cooperación reforzada de la AN con esta Fiscalía y con el objetivo de que "puedan formar criterio suficiente para determinar el ámbito de sus competencias" da luz verde a remitir la documentación requerida. En concreto, el magistrado le hará llegar a la Fiscalía Europea todos los autos de situación personal de los investigados, el informe de Hacienda que analiza la "trascendencia tributaria" del caso y un atestado policial.
La Fiscalía Europea decidió entrar a investigar esos contratos de venta de mascarillas tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a, por el momento, siete miembros de la presunta 'trama Koldo'. También ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman a Europa Press que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.
En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
Cabe recordar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado juez de garantías en esta investigación que abrió la Fiscalía Europea. Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que el magistrado deberá ser quien autorice las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación.
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